Senadora Brenda Pérez Soto presenta proyecto para establecer amnistía para deudores del CRIM
Redacción El Sol PR
San Juan, PR (5 de octubre de 2026) La senadora por el Distrito de Arecibo, Brenda Pérez Soto, presentó por petición el Proyecto del Senado 1497, que propone establecer un periodo especial de 90 días para que los contribuyentes con deudas sobre propiedades muebles e inmuebles ante el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) puedan ponerse al día.
La medida permitiría pagar la totalidad del principal adeudado y recibir un relevo de los intereses, recargos y penalidades acumulados. También podrían acogerse quienes mantienen planes de pago con el CRIM, respecto al balance pendiente del principal.
Los contribuyentes con procedimientos administrativos o judiciales relacionados con una deuda elegible también podrían participar, sujetos a las condiciones establecidas en el proyecto.
La propuesta busca facilitar el pago de obligaciones vencidas y ayudar al CRIM a recuperar recaudos que corresponden a los municipios. Las contribuciones sobre la propiedad constituyen una de las principales fuentes de ingresos municipales y permiten financiar servicios y obligaciones fiscales.
“En mi oficina recibo personas con situaciones muy fuertes sobre deudas que tienen en el CRIM y que, por los recargos e intereses, se les hace complicado poder pagarlas”, expresó Pérez Soto.
La senadora destacó que muchos adultos mayores enfrentan deudas elevadas y viven preocupados ante la posibilidad de perder sus hogares.
“Si queremos ayudar a nuestro pueblo, tenemos que ser sensibles. Tenemos envejecientes con deudas sumamente altas que no pueden dormir tranquilos pensando que pueden perder su casa”, añadió.
Puerto Rico estableció un mecanismo similar mediante la Ley 145-2013. Según datos discutidos posteriormente en el Senado, aquel programa generó aproximadamente $156 millones: $83 millones mediante pagos completos y $73 millones a través de acuerdos de pago.
Si el P. del S. 1497 se convierte en ley, el CRIM tendrá un máximo de 30 días para emitir la orden administrativa necesaria para implantar el programa.
