Municipios se quedan sin liquidez para dar servicios

(30 de julio de 2026) – El gobierno municipal de Peñuelas enfrenta un riesgo sostenido de déficit estructural, ya que sus gastos operativos dependen cada vez más de ingresos recurrentes fijos tras la desaparición de los fondos extraordinarios que antes respaldaban sus finanzas.

Y así como ese municipio, otros enfrentan un panorama similar que desemboca en recortes de personal, servicios esenciales y otros recursos necesarios.

Desde la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en 2016, los municipios de Puerto Rico han perdido más de $350 millones anuales por la eliminación del Fondo de Equiparación. El recorte ha provocado una crisis fiscal e institucional que amenaza la viabilidad de los municipios más pequeños y con menos recursos.

Alcaldes de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) han coincidido que 10 años después de la Ley PROMESA, esos recortes han reducido hasta el 60 por ciento de sus presupuestos para el funcionamiento municipal.

A eso se agrega que, en el suroeste, municipios vulnerables a inundaciones y eventos climáticos graves han perdido acceso a ayudas federales. Entre los recortes más significativos figuran las pérdidas millonarias asociadas al programa BRIC (Building Resilient Infrastructure and Communities) de FEMA, diseñado para financiar proyectos proactivos de mitigación de riesgos naturales antes de que ocurran los desastres.

La sobrevivencia

Peñuelas cuenta con un presupuesto de poco más de $15 millones y sus recaudos dependen principalmente de las patentes municipales y del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). Según datos del propio municipio, “las proyecciones actuales descansan sobre ingresos recurrentes que los analistas advierten podrían no cumplirse a cabalidad”. Además, auditorías resumidas por grupos independientes apuntan que el ayuntamiento arrastra insuficiencias anuales. En esos años, los gastos tienden a superar los ingresos locales netos.

En este municipio, la continuidad de los servicios esenciales está en riesgo por la dependencia de ingresos no recurrentes y la eliminación de subsidios del gobierno central. Cualquier desviación mínima en los recaudos locales podría comprometer de inmediato la prestación de servicios vitales.

Aquí, el pago a las compañías privadas encargadas de la recolección de la basura es uno de los contratos más caros de cualquier municipio.

Yauco es otro municipio del sur que sufre un impacto considerable por la estrechez fiscal y la reducción de fondos. La administración municipal enfrenta serias limitaciones presupuestarias para sostener sus brigadas regulares y las oficinas de servicio a la comunidad. Ante ese panorama, depende de solicitudes constantes de transferencias de emergencia al gobierno central para cubrir sus gastos operacionales diarios.

De igual forma, Cabo Rojo y Guánica enfrentan serias dificultades para costear el recogido de desperdicios sólidos y el mantenimiento de sus playas, en medio de una marcada dependencia de los recaudos por patentes comerciales y del turismo de temporada para poder sostener sus operaciones.

En Sabana Grande, la mayoría de su presupuesto está destinado estrictamente a cubrir los gastos operacionales fijos, tales como el pago de la nómina de empleados públicos, costos administrativos de las dependencias municipales y el mantenimiento ordinario del pueblo. El gobierno sabaneño opera históricamente bajo un déficit fiscal estructural, lo que significa que sus gastos ordinarios superan con frecuencia a sus ingresos propios recurrentes. El ayuntamiento se ve obligado a depender de fondos externos para poder cuadrar su presupuesto funcional.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico ha publicado que Sabana Grande mantiene un déficit acumulado al cierre de sus años fiscales. Esa brecha obliga al alcalde a congelar plazas y reducir contratos de servicios esenciales sin subsidio estatal o federal.

Esa débil situación financiera obliga a la congelación de plazas, limitación de servicios profesionales y el Programa de Amas de Llaves sufre ajustes en las horas por paciente para controlar la nómina de cuidadores. De igual forma se limitan las fiestas comunitarias y los eventos culturales.

En Villalba el problema fiscal no es distinto a los otros señalados. La eliminación del Fondo de Equiparación significó la pérdida de $6.3 millones anuales para este pueblo o más de la mitad de todo el presupuesto funcional. Ese recorte obligó al municipio a reestructurar de forma drástica sus gastos ordinarios.

Por ende, los servicios esenciales se encuentran muy disminuidos con retrasos constantes en el recogido de la basura en las comunidades. Ese problema presupuestario ha impactado el pago del plan de salud de los trabajadores municipales y los servicios a la población indigente. Ante eso, la autoridad municipal recurre a alianzas para ferias de salud, entre otras iniciativas.