Señalan a funcionario del DRNA por alegadamente inducir a error al Senado sobre expansión del vertedero de Carolina

𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑏𝑏𝑒𝑎𝑛 𝐺𝑜𝑙𝑓 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑅𝑁𝐴 𝑦 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒 17 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
Por la Redacción
El Sol de PR

San Juan, PR (14 de septiembre de 2026) – El director de la División de Permisos de la Oficina de Cumplimiento del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Pedro Guevara, indujo a error a la comisión senatorial que investiga la expansión del vertedero de Carolina a un área especialmente protegida, advirtió el ingeniero Luis Rivera Ortiz, presidente de Hacienda Campo Rico y la Caribbean Golf Academy.

Rivera Ortiz exigió al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, que intervenga de inmediato ante las impresiones del funcionario en las más recientes vistas de la Comisión de Agricultura, Turismo y Recursos del Senado porque indujeron a error a los senadores sobre las protecciones legales que tiene el terreno donde el Municipio de Carolina y el operador del relleno sanitario, Landfill Gas Technologies, se han expandido y sobre la cantidad de cuerdas contaminadas.

“Sin presentar un mínimo de evidencia, el director de Permisos del DRNA dijo que el Municipio solamente han impactado cinco cuerdas de la Zona de Amortiguamiento con la expansión del vertedero y, aunque admitió el alto valor ecológico del lugar, alegó incorrectamente que esas tierras ya habían perdido su valor porque alegadamente fueron impactadas previamente por la actividad de una cantera. La verdad es que las acciones del Municipio y su operador han afectado casi 17 cuerdas de terreno de alto valor ecológico, que allí nunca ha habido una cantera y que la totalidad de las 35 cuerdas de la Zona de Amortiguamiento siguen siendo un área protegida por varias leyes y reglamentos que no han sido derogados y que fueron aprobados antes de que se autorizara la construcción de la Celda C. Además, la zona fue designada por el propio Municipio que las impactó para propósitos de conservación precisamente por su valor ecológico”, expresó el ingeniero.

“El secretario del DRNA tiene un deber ministerial en atender este asunto. Es inverosímil que un funcionario de su agencia, que se supone está para defender los recursos naturales, en todo el proceso administrativo y legislativo lo que ha estado haciendo es cargar al Municipio para justificar una acción ilegal que afecta terreno cárstico, potencialmente aguas subterráneas, cuevas y cavernas y recursos de valor arqueológico”, expuso Rivera Ortiz.

Indicó que en la pasada vista del 2 de junio, Guevara llegó a contradecirse porque (según consta en la transcripción de la vista, adjunto) dijo que el impacto había sido a cinco cuerdas y, en otros momentos, alegaba que el Municipio se ha mantenido operando dentro de la huella permitida.

“Cuestiono cómo se puede otorgar un permiso al vertedero cuando el propio DRNA admite a preguntas de los senadores que nunca han hecho una mensura para corroborar que el Municipio y su operador no se hayan extendido más allá de la huella, como en efecto ha pasado. El director de Permisos alegó que han usado fotos aéreas para corroborarlo, pero esas fotos nunca las han enseñado. Más grave aún, nunca se presentó al DRNA un plano con los puntos o coordenadas de la huella o expansión del vertedero (Celda C). Además, el propio Municipio y su operador, a través de su agrimensor, han admitido que invadieron nuestros terrenos. Aquí se han contaminado 17 cuerdas dentro de esa Zona de Amortiguamiento por la expansión del vertedero”, destacó el ingeniero.

El empresario puntualizó que del propio expediente certificado del DRNA, se desprende que “el Municipio nunca ha tenido permisos del DRNA para operar el vertedero en esa área de la Zona de Amortiguamiento, ni siquiera para cortar un árbol. Llevo cuatro años en los tribunales pidiendo que me muestren los supuestos permisos del DRNA para la Zona de Amortiguamiento y no han aparecido, porque nunca informaron que la expansión se extendería a ella. Tampoco han hecho una Declaración de Impacto Ambiental para esa expansión”. Explicó que para que se pudiera dar la actividad de relleno sanitario en esa zona, el Municipio tendría que haber logrado que se aprobara un cambio en la zonificación de los terrenos de suelo rústico especialmente protegido, suelo rústico común y suelo rústico especialmente protegido arqueológico a industrial pesado. Pero, eso nunca ha pasado, según confirmó en vistas anteriores la propia Junta de Planificación.

Dijo que Guevara alegó que el Municipio puede expandirse a la Zona de Amortiguamiento porque la protección del reglamento de la Ley del Carso es del año 2014 y el permiso del vertedero de la huella de la Celda C es del 2012.

“Cuando defiende al Municipio, en vez de los recursos naturales, a Guevara convenientemente se le olvida que la Zona de Amortiguamiento además de estar protegida por su zonificación, tiene la protección de varias leyes anteriores al año 2012. Enumeró, entre otras, la designación del lugar dentro del Área de Planificación Especial del Bosque Estatal de Piñones (1995), la Ley del Carso (1999), la Ley de Cuevas y Cavernas (1985), la Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico (1976) que protege los acuíferos y la Ley de Vida Silvestre (1999), para la protección de especies en peligro de extinción. Otro aspecto a considerar es que desde el 2008 el Itinerario Dinámico de proyectos de Infraestructura, Documento de política pública ordenaba el cierre del relleno sanitario para el año 2015, principalmente por la existencia del acuífero.

“El Reglamento de la Ley del Carso también específica que cualquier actividad que haya tenido permisos de operación debe terminarse en el periodo de 10 años, que ya vencieron hace dos años (2024)”, apuntó el ingeniero.

Afirmó que en la vista Guevara y otros funcionarios admitieron que ellos no muestrean el vertedero, sino que lo que hacen es que analizan las muestras que les lleva el Municipio y que es cuestionable que las visitas de inspección son coordinadas con antelación con el Municipio y el operador previo a una visita. “¿Qué procesos se siguen para la toma y preservación de las muestras, dónde se toman, quién está encargado ni cómo se analizan las muestras si fuera el caso de que sean procesadas rigurosamente. Aquí hay demasiadas preguntas de una operación que genera desconfianza”, resaltó el ingeniero.

El ingeniero recalcó que los propios senadores han podido observar personalmente la acumulación de lixiviados y que informes previos del propio DRNA han revelado que tampoco tienen los controles adecuados para controlar los brotes que luego se infiltran por el suelo hasta el acuífero de la zona.

El presidente de la Hacienda Campo Rico y de la Caribbean Golf Academy hizo las expresiones tras obtener una transcripción certificada de la vista pública. Reiteró que no se opone a la operación del vertedero siempre que cumpla con las leyes y reglamentos, pero sí objeta su expansión a la Zona de Amortiguamiento como pretende el Municipio porque es un área de alto valor ecológico y porque afecta su negocio ecoturístico.