LUMA responde ante el Supremo y advierte impacto de $1,300 millones si anulan extensión de su contrato

𝐿𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑟𝑖́𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑙𝑒́𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

Por la Redacción

El Sol de PR

San Juan, PR (5 de octubre de 2026) – LUMA Energy presentó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico un Alegato en Oposición con el que busca defender la legalidad de la extensión de su contrato suplementario y responder a los argumentos del Gobierno para que el acuerdo sea declarado nulo.

En el escrito de 65 páginas, la compañía asegura que anular la extensión podría provocar un impacto económico superior a $1,300 millones y sostiene que esos costos eventualmente recaerían sobre los ciudadanos. También advierte sobre posibles consecuencias para los fondos federales destinados a reconstruir la red eléctrica y para más de 4,000 trabajadores vinculados a esos proyectos.

LUMA argumenta, además, que actualmente no existe un sustituto preparado para asumir inmediatamente la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución que atiende a cerca de 1.5 millones de clientes.

“Este Honorable Tribunal tiene la oportunidad —y el deber— de poner fin a la incertidumbre creada por dos demandas inmeritorias que reclaman que se decrete la nulidad de la extensión de un contrato que es perfectamente válida”, lee parte del recurso.

La empresa también rechazó que la controversia sobre su permanencia se decida por consideraciones políticas.

“Esta Máxima Curia debe rechazar el intento de tratar una alianza público-privada sobre un servicio esencial como un mero balón político, con todas las consecuencias prácticas sobre las que el Poder Judicial tendría que asumir responsabilidad. Al contrario, este Tribunal viene llamado a decidir a base del derecho aplicable, sin influencia de un cálculo electoral y sopesando las consecuencias de sus decisiones para las partes y la sociedad en general”, añade el escrito.

El principal oficial legal de LUMA, Ángel Rotger Sabat, cuestionó la manera en que el Gobierno ha manejado su petición de nulidad y aseguró que no existe un plan concreto de transición.

“El Tribunal Supremo tiene ante sí la oportunidad histórica de preservar la seguridad jurídica de los acuerdos con el Estado que obran en beneficio del pueblo puertorriqueño, deteniendo el intento de anular la extensión válida de un contrato de alianza público-privada para evitar las consecuencias nefastas que con el más alto grado de responsabilidad hemos detallado en nuestro Alegato. Resulta sorprendente la ligereza en que el Gobierno atendió este tema al incumplir con la orden judicial de presentar un plan real de transición y sin hablarle al país con honestidad sobre cómo su petición provocaría un aumento en el costo de energía eléctrica, y que inmediatamente detendría los proyectos en marcha para levantar la red y en riesgo los fondos federales destinados para esos fines”.

LUMA también sostuvo que la extensión no fue diseñada para beneficiar a la compañía y recordó que la Autoridad de Energía Eléctrica continúa su proceso de reestructuración bajo el Título III de PROMESA.

“Es lamentable que el Gobierno no ha tomado en cuenta las consecuencias de su petición al Tribunal Supremo a un servicio esencial para la ciudadanía. El sistema eléctrico es demasiado importante para la vida y el desarrollo económico de Puerto Rico como para dejarlo a la merced de acciones improvisadas, irresponsables y temerarias”, concluyó Rotger Sabat.