Ex directora revela causa de males en esa agencia
Por Agustín Muñoz /Periódico El Sol de Puerto Rico
Una ex directora del hoy Negociado de Ciencias Forenses (NCF) anticipó que esa entidad podría detener sus operaciones en el mes de mayo si el gobierno no asigna fondos para cubrir la nómina de sus más de 240 empleados, incluido el personal científico y administrativo. Tal posible situación agravaría aún más la crisis que sacude a una agencia en entredicho desde hace más de un año.
De ocurrir el evento pronosticado por la Doctora Eda Rodríguez Morales, el Negociado detendría su obligación de realizar investigaciones científicas y tecnológicas que determinan “la causa, la manera y las circunstancias de la muerte de cualquier persona cuyo deceso no sea atribuido a causas naturales”. Además, paralizará “otras investigaciones científicas y tecnológicas necesarias para apoyar a los otros negociados en el esclarecimiento y procesamiento de eventos delictivos”.
“Nos dijeron que hasta mayo hay (dinero) para pagar la nómina”, reveló la doctora Rodríguez Morales, directora del pasado Instituto de Ciencias Forenses (ICF) bajo la administración del gobernador Alejandro García Padilla. Lamentó que el NCF haya perdido su autonomía fiscal y administrativa que gozaba desde 1985 cuando fue gobernada por una Junta de Gobierno.
Rodríguez Morales, quien lleva 20 años como empleada del NCF, recordó que “la Junta ayudaba en la búsqueda de fondos pero no intervenía en los asuntos administrativos ni científicos de la agencia”. Añadió que cuando la agencia se transfirió al Departamento de Seguridad Publica (DSP) bajo la Ley 20 de 2017 “nos despojaron de algo que era nuestro”.
Dijo a El Sol de Puerto Rico que las presentes dificultades en la conducción del NCF tienen a sus empleados “bastante afectados con esta situación”.
Sentenció que una de las causas del mal manejo de los problemas del NCF ha sido que las personas nombradas recientemente para su dirección carecen de conocimiento y experiencia en ciencias forenses aunque por ley cumplen con el requisito de perito forense. Mencionó que el nombramiento de Mónica Menéndez, quien luego dimitió como directora, fue irregular ya que su preparación académica era de bachiller en biología. La actual directora interina, Beatriz Zayas, es una toxicóloga clínica y catedrática sin noción de las ciencias forenses “por lo que no cumple con el requisito de ley de peritaje forense”, abundó.
Rodríguez Morales conversó que aunque ella cumple con las exigencias de la posición para continuar en la dirección del NCF fue excluida por asuntos políticos.
Dijo que durante su dirección, la Legislatura pasada le asignó $3 millones para la adquisición de equipo y García Padilla otros $1.4 millones para personal. Con ese último fondo se adiestraron 15 investigadores forenses, químicos y balísticos. “Lo que no logramos fue un aumento de sueldo porque era más dinero”, lamentó y aseguró que durante su mandato se pagaban horas extras de trabajo “y a tiempo”. Agregó que recién ante los bajos salarios muchos de los talentos que tenía el Instituto se marcharon “buscando mejor calidad de vida, la mayoría en Texas y la Florida”.
La patóloga, oriunda de Guayanilla, señaló que en 2013 anticipó la crisis del recurso humano que hoy afecta al NCF ya que aún hoy hay personal con doctorado cuyo salario no supera los $2,200. No obstante, enfatizó que el empleado allí “estamos altamente comprometidos con la agencia, no con el gobierno, siempre hemos trabajado de manera imparcial y objetiva”.
La doctora Rodríguez Morales es uno de los actuales ocho patólogos del Negociado, pero solo cinco de esos científicos cubren todos los turnos semanales en las salas de autopsia, indicó. Aclaró que la gran acumulación de cadáveres allí obedece, entre otras razones, a la no reclamación por sus familiares, cuerpos sin identificar y personas mayores que fallecen en asilos y nadie los reclama. Explicó que algunos son enviados para estudio a la Junta de Donaciones Anatómicas y otros son cremados ya que los cementerios del área metropolitana ya no aceptan cadáveres del NCF por falta de espacio.
Cuestionó que Héctor Pesquera como jefe máximo del DSP y del NCF haya visitado el lugar solo una vez y fue en noviembre del 2018 para una reunión con los peritos de la agencia.
Sobre las críticas a la entrega de cuerpos en estado de putrefacción, la patóloga guayanillense explicó que los procesos de descomposición “se retrasan, pero no se detienen en la nevera”. “El proceso de descomposición comienza a las dos horas de la persona fallecer, sino se refrigera a tiempo, no hay manera de detenerlo. Además, las bajas temperaturas añaden otros procesos de descomposición producidos por el frio. Lo preferible sería que los cuerpos se entreguen en 48 horas y no estamos siendo efectivos porque son demasiados casos”, expuso.
Por otro lado, durante el dialogo con el Sol de Puerto Rico, Rodríguez Morales contestó que en parte la acumulación de “rape kits” con material genético almacenados en el NCF han llegado sin querellas o que el caso vinculado fue resuelto y no se informó al Negociado. “Ese es un problema que tenemos con Tribunales y (el Departamento de) Justicia que los casos se resuelven y nosotros tenemos evidencia allí que nunca nos notificaron que se necesitaba que se analizara y no se analizó porque no hubo la comunicación”, respondió.
Añadió que la ley sobre los análisis de los “rape kits” que data del 1999 no incluyó fondos recurrentes y tras acabar la propuesta no se recibió dinero adicional para realizar esa labor. Acusó que dos fiscales del Departamento de Justicia “ejercen presiones indebidas” en el NCF e interfieren con las labores de los patólogos.
