Plan de clasificación para empleados no docentes de Educación costaría $59.4 millones anuales
𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎́ 𝑢𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑂𝐺𝑃 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑓𝑟𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑟𝑎́𝑛 𝑠𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Por la Redacción
El Sol de PR
El Capitolio, PR (6 de octubre de 2026) – El plan de clasificación y retribución para los empleados no docentes del Departamento de Educación (DE) podría representar un costo de $59.4 millones anuales, mientras la agencia continúa el proceso para lograr la aprobación de la propuesta ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, informó durante una vista de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por Eddie Charbonier Chinea, que a más tardar el próximo lunes la agencia entregará una nueva versión del Planteamiento Presupuestario 2026-47903 a la JSF y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
El documento incluirá información adicional relacionada con justificaciones, análisis comparativos y documentación complementaria requerida para atender los señalamientos realizados por ambas entidades.
“Esta versión sería la quinta que se somete a la JSF”, comentó Ramos Parés a preguntas de la representante Gretchen Hau.
El secretario indicó que el plan de clasificación y retribución se discute desde diciembre de 2024 y busca atender la compensación de empleados no docentes que por décadas no han recibido un aumento relacionado con sus escalas salariales.
La iniciativa contempla a 11,811 empleados y persigue acercar parte de sus salarios a las compensaciones existentes en el mercado privado. No obstante, los años de servicio de cada trabajador no serán considerados para determinar los ajustes.
Ramos Parés estimó que “8,793 empleados equivalentes al 74 por ciento, podrían ser elegibles para ajustes salariales, mientras que 3,018, aproximadamente un 26 por ciento no generarían impacto económico bajo la propuesta, debido a que su salario actual excede el mínimo de la escala asignada a su clase”.
Una vez aprobado el plan, OGP deberá identificar los recursos para financiar los ajustes. Su director ejecutivo, Orlando Rivera Berríos, sostuvo que el dinero tendrá que proceder de fuentes recurrentes debido a que se utilizará para sufragar salarios y compensaciones permanentes.
“hemos evaluado varias partidas y alternativas, pero tienen que ser fondos recurrentes”, indicó Rivera Berríos.
El funcionario agregó que “OGP continuará trabajando de manera coordinada con el DE y la JSF para completar el análisis correspondiente y determinar el curso a seguir, procurando armonizar los requerimientos presentados con la disponibilidad de recursos presupuestarios y recurrentes”.
La búsqueda de recursos ocurre en momentos en que Educación cuenta con un presupuesto total certificado de $4,065.996 millones, una reducción de $1,139.098 millones, equivalente a un 21.9 por ciento en comparación con el año fiscal anterior. La disminución responde principalmente a la reducción de fondos federales.
Rivera Berríos explicó que el DE “ha dependido de fondos federales cuya expiración pone presión sobre el Fondo General, ya que estos fondos son temporeros y su uso para gastos que continúan año tras año, crean la necesidad de buscar otras fuentes de financiamiento o ajustes por parte del DE”.
Durante la audiencia también trascendió que la Oficina de Recursos Humanos de Educación trabaja la redacción del plan junto a una firma externa. Según Frances Pelet Román, secretaria auxiliar de Recursos Humanos del DE, la compañía facturó $80 mil al comienzo de los trabajos y otros $145 mil correspondientes al contrato vigente.
Ramos Parés explicó que “quien único puede trabajar esto es personal certificado por la propia Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) que otorga unas licencias para trabajar particularmente planes de clasificación y retribución”.
Ante esa información, Charbonier Chinea adelantó que la Comisión busca conocer cuánto ha costado todo el proceso, incluidas las revisiones que ha requerido la propuesta.
“Como parte de las peticiones de información, la Comisión solicitó el costo que ha tenido desde el inicio y hoy en día, incluyendo obviamente las veces que se ha tenido que revisar nuevamente”,
planteó el legislador.
Por su parte, la representante Nelie Lebrón Robles expresó preocupación por el panorama presupuestario “ya que causa mucha inseguridad entre los empleados de las agencias, en este caso el DE”.
Charbonier Chinea anunció además que el 8 de octubre se celebrará una vista para atender al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) en torno al Proyecto de la Cámara 703, presentado por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez.
La legislación propone establecer la “Ley Especial de Aumento Salarial para todo el personal no docente del Departamento de Educación” y conceder un aumento de $1,000 al personal no docente, incluidos empleados administrativos, de oficina, mantenimiento y limpieza, asistentes de servicios educativos, enfermería, psicología y guardias escolares, entre otros.
La medida también dispone que OGP, Educación y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico identifiquen, separen y garanticen anualmente los recursos necesarios para sufragar el aumento.
