Gobernadora firma ley que consolida la regulación del transporte de agregados
Por: Redacción Periódico El Sol de Puerto Rico
La gobernadora Jenniffer González Colón, convirtió en ley el Proyecto del Senado 1140, que integra en la Ley de Servicio Público de Puerto Rico las disposiciones que regulan el transporte o carga de agregados por vías públicas para fines comerciales e industriales.
La Ley 224-2026, de la autoría del senador Héctor J. Sánchez Álvarez, procura facilitar la aplicación de los requisitos de permisos, tarifas y obligaciones bajo la jurisdicción del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP), así como preservar el equilibrio entre la disponibilidad de transportadores y la demanda de este servicio.
“Con esta ley reunimos en un solo marco legal las disposiciones que rigen una actividad importante para la construcción y el desarrollo de obras en Puerto Rico. También establecemos responsabilidades claras para quienes contratan estos servicios, incluyendo el cumplimiento con las tarifas autorizadas y el pago oportuno a los transportadores”, expresó la gobernadora.
La legislación añade un nuevo Artículo 73-A a la Ley de Servicio Público de Puerto Rico y dispone que el dueño de la carga deberá contratar el transporte conforme a las tarifas autorizadas por el NTSP y pagar al transportador dentro de un término de 15 días.
Además, establece su responsabilidad por el exceso de carga que autorice y contempla multas administrativas e intereses por pagos atrasados.
Asimismo, faculta al Negociado para expedir permisos y autorizaciones provisionales, mantener un registro de transportadores, fiscalizar la actividad y establecer tarifas justas y razonables. La medida también dispone las causas y garantías procesales aplicables a la denegación, suspensión o revocación de permisos.
En el caso de la carga vinculada a obras financiadas con fondos públicos, la ley exige su distribución mediante turnos de rotación numérica entre los concesionarios autorizados, conforme a la reglamentación del NTSP. La actividad realizada en vehículos pesados del Gobierno y de los municipios queda excluida de estas disposiciones.
“Queremos que quienes trabajan en esta industria cuenten con reglas claras y que el servicio esté disponible para atender las necesidades comerciales e industriales de la isla. El cumplimiento con los permisos, las tarifas y las condiciones de contratación es parte de ese esfuerzo”, añadió González Colón.
