Gobernadora firma ley para dar prioridad a hogares que cuidan menores bajo custodia del Estado tras emergencias
Por Yasinia Rodríguez Sepúlveda / El Sol de PR
(4 de agosto de 20256) – Los establecimientos residenciales que atienden a niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado tendrán prioridad en el restablecimiento de servicios esenciales luego de una emergencia, gracias a una nueva ley firmada por la gobernadora.
Se trata de la Ley 166-2026, que surge del Proyecto de la Cámara 834 (PC 834), presentado por el representante Pedro Santiago. La medida crea la “Ley de Prioridad en el Restablecimiento de Servicios Esenciales para los Establecimientos Residenciales”.
Con esta legislación, el Gobierno de Puerto Rico establece como política pública que los establecimientos residenciales licenciados y supervisados por el Departamento de la Familia, que ofrecen cuidado y desarrollo integral a siete o más menores bajo la custodia del Estado, sean considerados instalaciones críticas dentro de los planes de respuesta ante emergencias.
Esto significa que, tras el paso de un desastre natural o cualquier otra emergencia, estos centros deberán recibir atención prioritaria para el restablecimiento de servicios como energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones y otros servicios esenciales.
La medida busca atender la realidad que enfrentan estos hogares cuando ocurre una interrupción prolongada de servicios, una situación que puede afectar directamente la seguridad y el bienestar de los menores que residen en ellos.
La ley reconoce que la falta de electricidad, agua o comunicaciones puede poner en riesgo la salud de los residentes, dificultar el acceso a alimentos, interrumpir tratamientos médicos y terapias, además de limitar la capacidad de los centros para mantener condiciones adecuadas de cuidado y mantenerse comunicados durante una emergencia.
La nueva política pública está dirigida a proteger a una de las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico: los niños, niñas y adolescentes que fueron removidos de sus hogares por situaciones de maltrato, negligencia o abandono y que dependen de estos establecimientos para recibir atención y protección.
