Evalúan medidas para regular a vendedores ambulantes en carreteras estatales
Redacción El Sol PR
San Juan, PR – 2 de julio de 2026 – La Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes inició el análisis de varias medidas legislativas dirigidas a establecer un marco regulatorio para los vendedores ambulantes ubicados en las servidumbres de paso de las carreteras estatales, con el propósito de proteger tanto el sustento de estos comerciantes como la seguridad vial.
Durante una vista pública presidida por el representante José “Cheo” Hernández Concepción, se evaluaron las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 358, 363 y 366, que proponen ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y a los municipios establecer un sistema coordinado de reglamentación, orientación, asistencia y reubicación para los comerciantes que cuentan con patentes municipales, pero operan en carreteras estatales. Además, las iniciativas plantean una moratoria a los desalojos y multas impuestas por el DTOP.
El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, respaldó la intención de proteger a los pequeños comerciantes, aunque advirtió que muchos de estos negocios se encuentran en lugares que representan riesgos para la seguridad de conductores y peatones. Indicó que entre 2019 y 2026 se registraron 359 accidentes relacionados con este tipo de comercios, de los cuales 62 impactaron directamente a puestos, vendedores o clientes, dejando un saldo de dos personas fallecidas y 27 heridas.
El funcionario explicó que el DTOP revisa actualmente el Reglamento 6172 para adaptarlo a la realidad actual y propuso que los municipios consulten previamente con la agencia antes de otorgar permisos para operar negocios ambulantes en áreas cercanas a carreteras estatales. También destacó la importancia de una coordinación entre el DTOP, la Autoridad de Carreteras y Transportación y los gobiernos municipales para armonizar la reglamentación vigente.
Por su parte, representantes de la Federación de Alcaldes favorecieron la creación de criterios uniformes que reduzcan conflictos de jurisdicción entre el gobierno estatal y los municipios, mientras que agricultores y vendedores ambulantes defendieron la permanencia de estos negocios, argumentando que representan el sustento de miles de familias puertorriqueñas. Algunos deponentes sostuvieron que el deterioro de las carreteras y la falta de alumbrado constituyen un riesgo mayor que la ubicación de los comerciantes. Además, estimaron que alrededor de 15,000 vendedores ambulantes podrían verse afectados por las medidas de desalojo.
Al concluir la vista pública, el representante Hernández Concepción anunció que convocará una segunda audiencia y una mesa de trabajo con las agencias, municipios y comerciantes para alcanzar consensos y desarrollar un proyecto de ley que permita proteger la seguridad en las vías sin afectar el sustento de quienes dependen de este tipo de actividad económica
