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San Juan, 26 de abril de 2024 – Pedro Luis Bones Torres se declaró culpable este jueves de delitos ambientales relacionados con la construcción ilegal y el depósito de material en los humedales y aguas en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos y la comunidad de Las Mareas de Salinas.
Según documentos judiciales, a más tardar en enero de 2020, Bones Torres participó en actividades de construcción y limpieza de terrenos en una propiedad al sur de Camino de Galileo en el área de las Mareas de Salinas.
En el momento en que el demandado inició las actividades de construcción, la mayor parte de la propiedad era un humedal formado por manglares y áreas abiertas que ocasionalmente quedaban parcialmente sumergidas por las mareas del mar.
El área de humedal de la propiedad estaba dentro de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos.
Entre enero de 2020 y octubre de 2022, Bones Torres eliminó manglares y depositó material de relleno dentro del área de humedal de la propiedad utilizando equipos de excavación y movimiento de tierras que operaba el Demandado.
Bones Torres dispuso de los manglares en los bordes de la propiedad y en Camino de Galileo.
Después que llenó los humedales, el demandado construyó una plataforma de concreto, una glorieta también de concreto con una cocina al aire libre, una glorieta de madera y un muelle que se extendía hasta Mar Negro.
Bones Torres no buscó ni recibió aprobación para rellenar los humedales, y en ningún momento se le permitió al demandado rellenar humedales en la propiedad o cerca de ella, por lo que se declaró culpable de una violación de la Ley de Agua Limpia, 33 U.S.C. § 1311(a), y una violación de la Ley de Ríos y Puertos, 33 U.S.C. § 403.
Está previsto que sea sentenciado el 24 de julio de 2024 y enfrenta una pena máxima de tres años de prisión por la violación de la Ley de Agua Limpia, así como de un año de prisión por la violación de la Ley de Ríos y Puertos.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas y otros factores legales.
El fiscal federal W. Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico, y el agente especial a cargo Tyler Amon, de la División de Investigación Criminal de la EPA, hicieron el anuncio.
Varias agencias federales están involucradas en esta investigación en curso sobre delitos ambientales en la Reserva Estuarina de Jobos y la comunidad de Las Mareas, incluida la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la División de Investigación del Ejército de EEUU, Departamento de Comercio de EEUU, Oficina del Inspector General (DOC-OIG), Oficina de Aplicación de la Ley de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA-OLE) y Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU.
Están a cargo de la acusación en el caso el abogado litigante principal Patrick M. Duggan de la Sección de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el fiscal federal adjunto Seth A. Erbe, coordinador de litigios ambientales de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.INS
