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San Juan / 27 de septiembre de 2022 – El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr) repudió la utilización de la Ley Jones, que obliga al uso exclusivo de barcos mercantes de Estados Unidos, para impedir la descarga de diésel de un barco tanquero en el puerto de Peñuelas, en momentos en que las autoridades gubernamentales temen la escasez de este combustible y la ciudadanía muestra desespero ante la crisis.
El presidente del gremio, Manuel Quilichini, afirmó que, ante la situación actual, donde un gran porcentaje de la isla se encuentra sin servicio de electricidad, “es imperativo tener acceso a fuentes de combustibles como el diésel para que no se interrumpan servicios esenciales, ofrecidos por entidades tales como hospitales y supermercados, así como la transportación terrestre”.
“La devastación y el daño causado por el huracán Fiona solo se amplificará por la actitud mezquina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de no conceder una exención inmediata para el recibo, tanto de combustible como de cualquier producto esencial, para la supervivencia de nuestro pueblo luego de este evento atmosférico catastrófico”, denunció el Quilichini.
La situación es tan grave que, en su asamblea anual de 2018, tras el paso del huracán María, la American Bar Association (ABA) aprobó la resolución 10B urgiendo al Congreso federal a eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, por su impacto negativo sobre la economía del país y el acceso a productos básicos. Hoy el llamado continúa con absoluta vigencia.
“Reclamamos a los gobiernos local y federal que deroguen la Ley Jones o que se exima su aplicación a Puerto Rico de manera permanente, como sucede con las Islas Vírgenes. Mientras tanto, solicitamos al DHS que exima a Puerto Rico de las limitaciones de la Ley Jones por un período de 30 días, de manera inmediata, para evitar más sufrimientos y posible mortalidad a nuestra ciudadanía”, subrayó el presidente del Colegio.
Quilichini explicó que la Ley Jones, aprobada en 1920, buscaba proteger el comercio marítimo entre puertos estadounidenses, requiriendo que se usaran barcos construidos en Estados Unidos y operados por entidades de ese país. A pesar de la globalización económica, esta ley se justifica bajo el pretexto de mantener económicamente una marina mercante que no puede competir con el transporte marítimo ofrecido por otros países.
Expertos coinciden en que, de derogarse esta ley, el consumidor ahorraría miles de millones de dólares al año en gastos de transportación de productos. Se estima que la Ley Jones le cuesta anualmente a cada familia en Puerto Rico 300 dólares adicionales en alimentos y bebidas, según un estudio de Advantage Business Consulting.
