Senado continúa evaluación sobre nombramientos del Ejecutivo
Redacción El Sol PR
San Juan, PR (28 de septiembre de 2026) La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, dirigida por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, celebró una vista pública para evaluar cuatro designaciones del Ejecutivo a la judicatura, procuraduría y fiscalía del Departamento de Justicia (DJ).
Los nombramientos evaluados fueron los del Lcdo. Raphael J. Rosado Anazagasty como juez superior del Tribunal de Primera Instancia; la Lcda. Elizabeth Pitino Acevedo como procuradora de Asuntos de Menores; el Lcdo. Nelson D. Vélez Colón como fiscal auxiliar II; y el Lcdo. Wilfredo J. Santiago Vega como fiscal auxiliar I.
Rosado, quien se ha desempeñado como examinador de pensiones alimentarias desde 2018, destacó que la función judicial en asuntos de familia debe trascender la adjudicación de disputas. “No se puede ver el derecho de familia como una competencia pura entre las partes, sino que el tribunal debe tener un rol más activo en la protección de los menores”, sostuvo.
Pitino Acevedo, con cerca de 25 años de experiencia en el servicio público, señaló que uno de los retos actuales es el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la crianza de los jóvenes. “El trabajo de la Procuradora de Menores es tratar de ayudar a esos jóvenes que llegan, que cometen faltas, buscarles un buen desvío”, mencionó.
Vélez Colón, quien dirigió la Oficina de Asuntos Legales de la Junta de Retiro y actualmente trabaja en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, afirmó que “representar al pueblo no significa únicamente hablar en su nombre ante un tribunal. Significa merecer, todos los días, la confianza que el pueblo ha depositado en sus instituciones”.
La vicepresidenta senatorial Marissa “Marissita” Jiménez Santoni felicitó a los nominados, destacando particularmente la trayectoria de Vélez. Finalmente, Santiago Vega, fiscal especial adscrito a la unidad de Drug Court en Mayagüez, señaló que como fiscal se le delegan “poderes por parte del Poder Ejecutivo que tienen consecuencias reales sobre la vida y la libertad de las personas”.
