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San Juan, PR / 30 de noviembre de 2021 – El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), Ariel Torres Meléndez, denunció que las municiones están siendo compradas por criminales en armerías del país de forma ilegal y, al respecto, aseguró que “ningún dueño de estos establecimientos puede decir que el 100% de sus clientes son decentes”.
“Eso es una realidad. Aquí, ningún dueño de armería puede decir que el 100% de sus clientes son decentes. Falso. Aquí hay data documentada de confiscaciones de vagones con armas y pirotecnia, pero no hay data documentada de municiones ilegales confiscadas en volumen en los puertos”, declaró Torres Meléndez.
Advirtió que “todos los ciudadanos tienen el derecho a sacar su licencia de armas, pero aquellos ciudadanos que utilizan el mecanismo de la ley para delinquir o se prestan para comprar municiones y venderlas al bajo mundo, tarde o temprano van a caer”.
A su vez, opinó que añadir más recursos humanos para detectar armas ilegales en los puertos es la clave para detener las redes de tráfico ilegal de armas y bajar la alta incidencia criminal.
“¿Las agencias de gobierno concernidas, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, están haciendo lo necesario para detener la venta ilegal de armas en la isla? Si nos dejamos llevar por la alta incidencia criminal, los tiroteos de carro a carro y la cantidad de asesinatos que se ejecutan con armas ilegales, la respuesta es que no”, afirmó Torres Meléndez.
Indicó que dar la impresión ante la población de que todo está “bajo control” es un “error”.
Señaló que “los jefes de agencias deberían de decirle al ejecutivo la verdad de lo que está ocurriendo y el gobernador (Pedro Pierluisi) presionar a la Junta de Control Fiscal (JCF) para que emita una inyección económica donde se pueda hacer un reclutamiento de nuevos policías garantizando un salario competitivo, y a su vez, un retiro digno”.
Torres Meléndez enfatizó en que “no es necesario hacer conferencias de prensa con equipos nuevos si no hay personal para operarlos. Los equipos no es un ‘issue’, para eso hay cientos de fondos y formas para que las agencias de ley y orden adquieran los mismos. El problema está en los recursos humanos”.
El portavoz de la Codepola dijo que “es muy lamentable ver que otras agencias del gobierno están mejor presupuestadas y que la agencia que viene obligada a velar por la seguridad de los puertorriqueños esté en el limbo de un arrastre histórico por las pasadas administraciones, esperando que esta administración les haga justicia”.
Comentó, además, que “es imposible mantener a nuestros agentes, a sus 60 años, batallando con la incidencia criminal de chamaquitos que tienen 17, 18, 21 años y están en toda su juventud. Hay que hacerle justicia a la policía que día a día entregan su vida para salvar la de todos nosotros, pero el estado también debe cumplir con la ciudadanía que paga contribuciones y exige vivir en un país de ley y orden. Con buenos salarios y mejores condiciones de empleo tendremos mejores resultados”.
Por otro lado, advirtió que mientras las armas ilegales entran por los muelles, las municiones que se están utilizando en Puerto Rico para cometer fechorías son compradas en las armerías de manera legal.
Sobre cómo se debería trabajar para mitigar el problema de falta de seguridad en la isla, Torres Meléndez concluyó que la Oficina de Registro y Control de Armas de Fuego deben continuar tramitando las licencias de armas porque “de cada 400 personas decentes que solicitaron licencias, tal vez cinco puedan ser dudosos con récord limpios, pero 395 son gente decente armada que van a poder defenderse de la criminalidad rampante que arropa la isla”.
La Codepola cuenta con una matrícula de sobre 17,000 socios y se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas.
