Redacción El Sol de Puerto Rico
San Juan / 10 de enero de 2024 – La presidenta de la empresa puertorriqueña Morsom Group y auditora forense internacional, Soemi Morales, informó que a partir del 1 de enero de 2024 corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada y fideicomisos con fines de lucro que tengan 20 empleados o menos, deberán completar un reporte de beneficiario final o Benefit Ownership Information Report, requisito de la Ley de Transparencia Corporativa.
“Las corporaciones y otras entidades existentes deben completar el informe antes del 1 de enero del 2025 y las creadas a partir del 1 de este mes tienen 30 días después de su incorporación para completarlo. El incumplir con esta norma podría conllevar a multas de hasta $500 diarios. Este informe requiere la información demográfica de la empresa y de todos los beneficiarios del patrimonio, en un reporte que se somete a través de la página web de FinCe, la división que atiende crímenes financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, explicó Morales.
La también contadora con una maestría en Gerencia Estratégica aclaró que los beneficiarios finales de una empresa se consideran los declarantes y son aquellas personas que de forma directa o indirectamente ejercen control considerable o poseen un 25% o más de la titularidad del patrimonio de la empresa declarante.
“Existen 23 industrias que están exentas y son aquellas que ya tienen la obligación de someter un informe de Beneficiario Final a alguna agencia federal como los bancos, casas de corretaje y seguros, entre otros. Es de suma importancia que todos los propietarios y administradores de corporaciones y empresas que tienen la obligación de completar el reporte tomen acción ante esta nueva ley para que eviten multas y penalidades”, mencionó la auditora forense internacional.
“El proceso para completar el formulario ya está disponible y nosotros en Morsom Group estamos preparados para asistir en el proceso a quien lo necesite”, añadió.
Según explicó, la Ley de Transparencia Corporativa es parte de los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos para dificultar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, identificar ganancias ilícitas, proteger el sistema financiero y promover la seguridad nacional, a través de la identificación de empresas ficticias. Las empresas establecidas en el extranjero que hagan negocios en los Estados Unidos o sus posesiones también tienen la obligación de registrarse.
