Especial para El Sol de Puerto Rico
Por Nelson del Castillo /Inter News Service
San Juan, 11 noviembre de 2022.- Como una espada de Damocles pende sobre más de 850 farmacias de la comunidad la presión que vienen ejerciendo las cadenas Walgreens y CVS para que, después de 20 años ausentes por voluntad propia, se les permita ofrecer servicios a los 1.3 millones pacientes médico-indigentes del Plan Vital, que maneja la Administración de Seguros de Salud (ASES) de Puerto Rico.
La directora ejecutiva Asociación de Farmacias de la Comunidad, Linda Ayala, exhibió su optimismo a la agencia Inter News Service (INS) en cuanto a que el Senado sancione la RC de la C 410 que propone detener cualquier reforma de la red de farmacias del Plan Vital, vigente al momento.
“Se aprobaría (este jueves), pero nuestra esperanza es que sea sin enmiendas tal como recomienda el informe positivo para su aprobación”, apuntó Ayala al recordar que el próximo paso es que se le envíe al gobernador Pedro R. Pierluisi para su firma.
Ayala se mostró esperanzada que la legislación tenga un trámite en beneficio de las farmacias comunitarias, que han ofrecido ese servicio por los últimos 20 años, ya que el secretario de Salud, Carlos Mellado López, y la directora ejecutiva interina de ASES, Yolanda García Lugo, la han respaldado.
Advertida por la agencia INS que, contrario a ambos funcionarios, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, ha abogado por las cadenas extranjeras bajo el argumento de que este es un mercado de “libre competencia”, la ejecutiva de entidad que aglutina las farmacias de la comunidad ratificó la importancia de las posturas de los funcionarios directamente vinculados al sistema de salud pública.
“Difiero del Secretario de Desarrollo Económico”, expuso Ayala al sugerir a Cidre Miranda que se refiera a la política pública vigente del Plan Vital.
La directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, que reúne a más de 850 establecimientos de esa naturaleza, destacó que la base del desarrollo socioeconómico del país tiene como su pilar más importante las empresas puertorriqueñas.
“Apostamos a Puerto Rico con el objetivo de servir a los ciudadanos, incluso aquellos alejados de la urbe, que si no reciben los medicamentos que necesitan, en caso extremo podrían perder la vida”, manifestó esperanzada en que los trámites legislativos se cumplan con normalidad para que el gobernador Pierluisi estampe su firma a la medida en el transcurso de este mes de noviembre.
De este modo, dijo Ayala, se evitará que con la entrada de las cadenas extranjeras cierren en un término de 18 meses una de cada cinco farmacias de la comunidad.
Esto traería como consecuencia que se afecten 14,000 empleos directos y 4,000 empleos indirectos en ese sector, ya que las farmacias de la comunidad contribuyen con más de 850 pymes.
Esta semana una coalición de grupos que representan a las farmacias de comunidad apoyadas por el Centro Unido de Detallistas (CUD) y la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) denunciaron la presión que han realizado las cadenas Walgreens y CVS para afectar a las entidades de la comunidad.
“Por dos décadas, las más de 850 farmacias de la comunidad han trabajado junto a la ASES para proveer los servicios de farmacia a cerca de 1.3 millones de pacientes médico-indigentes”, apuntaron.
“Desde entonces, ASES y el Gobierno han realizado estudios que han demostrado los altos niveles de satisfacción con los servicios provistos por las farmacias de la comunidad y el amplio acceso que tienen los pacientes del Plan Vital en todos los municipios”, indicó Ivis González, presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Farmacias de Comunidad.
Mientras, el director ejecutivo de Coopharma, Heriberto Ortiz Martínez, recordó que han pasado siete gobernadores distintos y “el compromiso del Gobierno con las farmacias de la comunidad y las pequeñas y medianas empresas ha garantizado el servicio al sistema por manos netamente puertorriqueñas por décadas”.
La describió como la fórmula del éxito, validado directamente por la misma dependencia de ASES, a través de sus beneficiarios.
“Es importante recordar que Walgreens estuvo ya en el Plan de Salud y lo abandonó, cuando no estuvo de acuerdo con los ajustes tarifarios que realizó el gobierno en cuanto a los reembolsos a recibir”, afirmó Ortiz Martínez.
Entonces, expresó, “estas cadenas quisieron imponer su tarifario y al no ser aceptados por el gobierno, dejaron de servir a los puertorriqueños, trastocando el servicio de todo un pueblo”. Ahora que el mercado está estable y bien atendido por empresarios locales, subrayó, quieren volver a inestabilizarlo, aparte de que los empresarios locales, en conjunto, son mucho más y operan en municipios donde las grandes cadenas no prestan servicio.
El presidente de Farmacias Aliadas, Carlos Torrado, explicó que “nuestros estudios reflejan que cerrarán una de cada cinco farmacias de la comunidad y se perderán cientos de empleos de este sector”, por lo que solicitó al gobierno a “no dar marcha atrás a la política pública que se ha mantenido por 20 años y que no trastoquen el acceso del paciente que tan bien ha funcionado y es la razón de ser del sistema”.
Para la presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes M. Aponte Rodríguez, “la entrada de estas cadenas extranjeras al Plan Vital destruiría y llevaría a la quiebra a cientos de farmacias de la comunidad”.
“No podemos permitir que se continue destruyendo y poniendo obstáculos para el desarrollo y crecimiento de nuestros pequeños y medianos empresarios; las Pymes son el corazón que mantiene la actividad económica en la isla y dejan sus ganancias aquí, en el país”.
El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Cameron McKenzie Hertell, igualmente abogó por que “el Senado apruebe y el Gobernador de Puerto Rico firme la RC de la C 410 que busca ordenarle a la ASES paralizar cualquier trámite o consideración sobre la apertura, modificación o conversión de la red de farmacia actual dentro del Plan Vital”.
A su vez, lo exhortó a que se reitere la política pública vigente de mantener inalterada la red de proveedores de farmacia existentes dentro del plan de salud del gobierno.
