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San Juan, PR / 23 de septiembre de 2021 – La Contraloría realizó una auditoría a las operaciones fiscales del municipio de Juana Díaz en la que se revela que el ayuntamiento no realizaba disposiciones periódicas para decomisar documentos fiscales, algunos archivados hasta por 38 años.
Además, los auditores observaron humedad y hongo en el techo y paredes del archivo de documentos públicos, y que las instalaciones carecían de alarma contra incendios, equipo de control de humedad y de puerta de emergencia.
La auditoría de dos hallazgos señala también que la Comisión de Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal, estuvo inoperante y no ejerció su función fiscalizadora desde 2018 a 2020.
El informe comenta además que el municipio transó una demanda por discrimen y represalias contra una empleada municipal por 30,000 dólares.
La empleada alegaba un patrón de discrimen en su contra tras informar un diagnóstico de enfermedad crónica a su supervisor.
“El desembolso afectó la disponibilidad de dichos recursos para prestar servicios a sus ciudadanos”, indicó la Contraloría.
Al 30 de junio de 2020, nueve demandas civiles por 1,161,831 dólares, estaban pendiente de resolución en los tribunales.
Además, un injunction y dos casos de empleados, estaban pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
El informe de Juana Díaz cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2020.
