Gobernadora firma leyes para fortalecer municipios y reforzar operaciones de la CEE
Redacción el Sol de PR
San Juan, PR (2 de junio de 2026) – La gobernadora Jenniffer González Colón firmó junto al presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel “Gaby” Hernández y el alcalde de Aguada Christian Cortés en representación de la Asociación de Alcaldes, la Ley Núm. 97-2026, correspondiente al Proyecto del Senado 777 (PS 777), de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, esto a petición de la Federación con el propósito de fortalecer el marco jurídico municipal y proveer herramientas adicionales para una administración más eficiente, ordenada y transparente en los 78 municipios de Puerto Rico.
La nueva ley enmienda diversas disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico para aclarar y fortalecer facultades relacionadas con la adquisición y manejo de propiedades declaradas estorbo público, flexibilizar procesos administrativos, modernizar estructuras organizacionales municipales y ofrecer mayor certeza jurídica en la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.
Entre las enmiendas más significativas se encuentran la aclaración del alcance de la facultad municipal para adquirir o aceptar propiedades declaradas estorbo público, la creación del puesto de Director de la Unidad de Auditoría Interna, la incorporación del Director de la Oficina de Ordenación Territorial o del Oficial de Permisos municipal dentro de las disposiciones de inmunidad, la flexibilización de requisitos relacionados con reciclaje, planificación territorial y clasificación de puestos clave,así como ajustes a disposiciones sobre expropiación, contratación municipal y patentes municipales.
La medida también aclara conceptos y procedimientos relacionados con sesiones legislativas municipales, la composición de las legislaturas municipales, las definiciones de “Estorbo Público” y “Obligaciones Estatutarias”, y diversos procesos administrativos que impactan la gestión diaria de los gobiernos locales.
El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Gabriel “Gaby” Hernández, respaldó la medida al señalar que responde a las necesidades administrativas, fiscales, operacionales y sociales que enfrentan actualmente los municipios, fortaleciendo su capacidad para atender de forma efectiva las necesidades de sus comunidades.
Con esta firma, la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón continúa fortaleciendo los municipios , promoviendo herramientas que permitan una gestión más ágil y eficiente, al
tiempo que se impulsa el desarrollo social, económico y comunitario en beneficio de todos los ciudadanos de Puerto Rico.
De igual forma, la primera ejecutiva, convirtió en ley el Proyecto del Senado 71, ahora Ley 96-2026, una medida que fortalece la capacidad operacional de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) al permitir que empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico y de los municipios puedan colaborar temporalmente con la entidad electoral mediante una licencia especial con paga.
La nueva legislación enmienda el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 para conceder hasta cinco días laborables de licencia especial con paga a empleados de agencias, corporaciones públicas y municipios que sean requeridos para realizar funciones a corto plazo en la Comisión Estatal de Elecciones durante años electorales.
La medida responde a la necesidad de dotar a la CEE de herramientas más ágiles y flexibles para atender aumentos temporeros en la carga de trabajo asociados a eventos electorales, sin recurrir necesariamente al mecanismo tradicional de destaque de empleados.
Asimismo, reconoce la importancia de garantizar los recursos humanos necesarios para proteger y fortalecer el derecho fundamental al sufragio de todos los puertorriqueños. La legislación establece que las solicitudes deberán ser atendidas por los jefes de agencia, corporaciones públicas o alcaldes en un término no mayor de 48 horas.
Además, dispone que la Comisión Estatal de Elecciones, en coordinación con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), adoptará la reglamentación necesaria para implementar la ley en un plazo de 180 días.
