Periódico El Sol de Puerto Rico / Por Agustín Muñoz
Ponce, PR / 1 de febrero 2024 – Cuando Puerto Rico se adentra en el año electoral, el partido gobernante (PNP) y los legisladores de los partidos rivales (PPD, MVC, PIP y PD) enfocan sus esfuerzos en presentar su hoja de servicios durante el ciclo que culmina en diciembre próximo.
La campaña del gobernador Pedro Pierluisi, presidente del PNP, está dirigida a demostrarle a los electores que no fallaron en elegirlo gobernante en las pasadas elecciones del 2020 porque “está haciendo que las cosas pasen”. Sin embargo, ese eslogan es combatido por su vicepresidenta y Comisionada Residente, Jennifer González Colón, quien busca reemplazarlo como candidato a la gobernación este 2024.
González Colón ha dicho que contrario a Pierluisi buscará desarrollar un gobierno que solucione con sentido de urgencia para beneficio del pueblo necesitado de ayuda y recursos básicos.
Pierluisi alega que bajo su mandato se aumentó el salario mínimo, se ha ido descentralizando el Departamento de Educación (DE), ha habido una mejoría en las condiciones de las carreteras, se han minimizado las filas en los CESCO, más de 7 mil personas fueron beneficiadas con su primer hogar, casi 6 mil viviendas reconstruidas y registros históricos en el área del turismo, entre otras.
En cuanto a la actividad legislativa, hasta diciembre pasado la Cámara aprobó 1,998 medidas, mientras el Senado refrendó 1420, de acuerdo con la información que aparece en la página Sistema Único de Trámite Legislativo (SUTRA).
De otra parte, según el récord público, hasta diciembre pasado Pierluisi convirtió en ley unos 266 proyectos y otras 146 Resoluciones Conjuntas referidos por la Cámara de Representantes, mientras les devolvió 23 y vetó otras 96 medidas. En cuanto a los proyectos y Resoluciones Conjuntas enviados por el Senado para firma del gobernador, Pierluisi convirtió en ley un total de 389, mientras les vetó 70. Asimismo, fueron devueltos otros 33.
Algunos de los proyectos vetados por el mandatario son el de la Cámara Núm.0006 para” crear la “Ley para la Transparencia Fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de eliminar la secretividad en los procesos relacionados con la Ley ‘PROMESA’ que fomentara la Junta de Supervisión Fiscal y el anterior Gobierno de Puerto Rico; también el Núm.0003 que hubiese derogado la Ley 4-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, a los fines de restituir los derechos laborales aplicables a la empresa privada; restablecer el periodo probatorio, la presunción e indemnización por despido injustificado y la fórmula para computar la acumulación de licencias por vacaciones y enfermedad, conforme a la estructura vigente con anterioridad a la aprobación de la reforma laboral de 2017; ampliar el término prescriptivo para reclamar los beneficios derivados de un contrato de empleo”.
Asimismo, en la lista de vetos hay piezas legislativas que tenían que ver con asuntos de salud y seguridad pública, defensas en el empleo, transparencia gubernamental, la industria de seguros y otras. Al Senado, le frenó el proyecto 973 que establecía como política pública la retención de médicos especialistas que se encuentren estudiando y ejerciendo sus residencias. Esa medida pretendía, mediante un fideicomiso, suplementar la remuneración económica de los médicos residentes que se encuentren cursando estudios en aquellas especializaciones y subespecializaciones de mayor escasez y necesidad en Puerto Rico.
El gobernador justificó su negativa al sostener que no se determina una cuantía recurrente y suficiente para cumplir con su intención. Otro proyecto senatorial que no pasó la firma de Pierluisi fue el 1142 cuya intención era establecer una Ley para el Desarrollo Integral del estudiantado a través de las Bellas Artes en la educación pública. Proponía cursos de Bellas Artes como un requisito indispensable en todos los grados y niveles de las escuelas del Departamento de Educación.
Es la segunda vez que el gobernador frena una medida similar. A ese mismo foro legislativo le detuvo el proyecto 686 que prohibía la intervención del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) en actividades de carácter político[1]partidistas. En su veto, el primer mandatario expuso su preocupación a que se cataloguen las consultas sobre el estatus como actividades político-partidistas.
