Torres Meléndez coincidió con lo esbozado en el informe de la medida, preparado por de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, en el sentido de que hay “una percepción generalizada de existencia de una disparidad marcada en el proceso judicial que antepone los derechos del acusado ante los derechos de las víctimas”. A su vez, reconoce el derecho de cada persona de salvaguardar proactivamente su seguridad y la de su propiedad.
“En Puerto Rico es necesario establecer un mayor grado de protección legal para los ciudadanos que defendemos nuestra vida y la de nuestros semejantes. Actualmente, si una persona mata a un criminal que invadió su morada, la Policía, en vez de ir en favor de la víctima, le cae encima al ciudadano decente que salvó su vida y la de su familia con un arma en legítima defensa”, explicó.
Torres Meléndez lamentó además que, el proceso de investigación policial sobre un incidente con arma de fuego, “es como si el criminal tuviese más derechos que el ciudadano que repelió la agresión, evitó una violación dentro de su hogar, o se defendió de un asalto o de ser víctima de carjacking”.
El proyecto de ley pretende uniformar las leyes vigentes con las de Estados Unidos, donde han ampliado el tamaño del castillo en el que es legal defenderse, el cual ahora no se limita al hogar, sino que se ha extendido al lugar de trabajo, el vehículo personal y a todo espacio público donde un individuo tenga derecho a estar. Desde el año 2005, el gobernador de La Florida, Jeff Bush, firmó la llamada “Doctrina del Castillo”, que hace legal para residentes del Estado “responder con fuerza a la fuerza, incluida fuerza letal” cuando se sientan amenazados físicamente. La nueva ley pretende dar continuidad a la búsqueda iniciada en la Florida de la defensa personal armada como un derecho fundamental, afirmada especialmente por la ley de 1987 que admite el porte de armas de fuego.
El presidente de CODEPOLA dijo que la “Doctrina del Castillo va de la mano con el P. del S. #439, de la autoría del senador Nelson Cruz, mediante el cual se derogaría la Ley de Armas de Puerto Rico. Actualmente, está en el proceso de vistas públicas ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico que preside el senador Henry Newman. “La ciudadanía debe apoyar el Proyecto #439, que contrario a flexibilizar la compra de armas, sólo promueve que se reconozca el derecho fundamental, de carácter individual que tenemos todos los ciudadanos a poseer y portar armas. ¿Con qué un ciudadano va a defender su vida o propiedad dentro del hogar, vehículo o lugar público, sino es con un arma?”, concluyó Torres Meléndez. La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas en cualquier situación legal que con sus armas se exponga. Sabemos que, en Puerto Rico, el derecho lo ven como un privilegio y se hizo necesario tener un servicio legal con los abogados especializados en la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley #404) o cualquier ley prospectiva que se relacione con la tenencia legítima de armas de fuego en el país.
