Alegan esquema de multas en la OCIF motivadas por venganzas personales

San Juan, PR (11 de mayo de 2026) – El representante y portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Domingo J. Torres García, presentó un referido formal al Departamento de Justicia solicitando una investigación urgente contra la excomisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Lcda. Natalia Zequeira, y la actual comisionada de la agencia, Lcda. Mónica Rodríguez Villa, por aparentes actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.

El referido surge tras la obtención de una declaración jurada y evidencia electrónica que, según Torres, “revela un patrón alarmante donde el poder regulador del Estado pudo haber sido utilizado para castigar a una empresa privada por asuntos personales.”

Uno de los elementos más alarmante del referido es un intercambio de mensajes atribuido a la entonces comisionada Natalia Zequeira, donde una allegada le solicita que al momento de imponer una multa añadiera un “Croqueta Fee” y un “Cabrón Fee” contra el empresario Sebastián Carazo Forastieri, gerente general de Allied Fleet Services Inc. y AAA Car Rental.

Según se desprende de la declaración jurada, el “Croqueta Fee”, surge de una comunicación vía mensaje de texto enviada a la Lcda. Zequeira por su amiga íntima, Natalia Castiel. La señora Castiel, quien acababa de terminar una relación sentimental con el gerente de la empresa afectada, le sugirió a la entonces Comisionada que, al momento de ejercer su poder regulador y multar a la entidad, inventara e impusiera este cargo arbitrario junto a otros epítetos insultantes. Lo que comenzó como un comentario de desprecio entre amigas, presuntamente se materializó en una persecución institucional que resultó en multas reales de miles de dólares.

Según el documento sometido a Justicia, la conversación incluye expresiones como:

“No sé cuánto tiempo te quedas, pero cuando vayas a multar le añadas Croqueta Fee y Cabrón Fee”.

A lo que alegadamente la entonces funcionaria respondió:

“Que se vaya a coger x el culo… Yo lo mataría x ti. But he deserves a long and painful death”.

“Estas expresiones son profundamente perturbadoras y totalmente incompatibles con el ejercicio imparcial del servicio público. Más grave aún cuando provienen de una funcionaria con amplios poderes regulatorios y sancionadores sobre empresas privadas en Puerto Rico”, expresó Torres García.

El legislador sostuvo que luego de esos mensajes, la OCIF comenzó una serie de actuaciones contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental que incluyeron multas de decenas y cientos de miles de dólares, así como denegatorias de licencias.

Además, bajo la administración de la actual comisionada, Mónica Rodríguez Villa, quien fungía como subcomisionada bajo Zequeira, continuó el patrón de hostigamiento regulatorio contra la empresa.

“El país tiene que preguntarse si en Puerto Rico se estaban imponiendo multas regulatorias basadas en evidencia y ley… o basadas en corajes personales, amistades y venganzas privadas. El llamado ‘Croqueta Fee’ simboliza exactamente el tipo de degradación institucional que no podemos permitir”, añadió el Representante.

El referido solicita al Departamento de Justicia una investigación independiente y exhaustiva sobre las actuaciones denunciadas, incluyendo la preservación inmediata de toda evidencia electrónica relevante, la evaluación de posibles violaciones éticas y criminales, la determinación de conflictos de interés dentro de la OCIF y un posible referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico por conducta incompatible con la profesión legal.

Torres advirtió que, de confirmarse los hechos, el caso representaría “uno de los ejemplos más peligrosos de utilización del poder gubernamental como herramienta de represalia personal”.

“Las agencias reguladoras existen para proteger al pueblo, no para ejecutar vendettas personales desde el gobierno. Nadie puede convertir el poder del Estado en un arma privada”, concluyó Domingo José Torres García