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(viernes, 29 de abril de 2022)- Afirmó hoy el secretario municipal de San Juan, Noel Mercado, que “el municipio de San Juan no otorgó contratos a JR Asphalt Inc. ni a ninguna otra entidad o compañía que haya sido vinculada a actos ilícitos de corrupción”, en respuesta a una investigación de la Oficina del Contralor Electoral (OCE).
La OCE lleva adelante una auditoría para determinar si hubo un beneficio electoral para el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, luego de que obtuviera servicios de pavimentación gratuitos por parte de la empresa JR Asphalt, vinculada a un esquema de fraude.
La OCE evalúa si esta acción constituyó un donativo ilegal a su campaña electoral a la alcaldía de San Juan, ya que los trabajos se efectuaron entre octubre de 2019 y mayo de 2020. Según Mercado, “los trámites de subastas públicas del municipio de San Juan son conducidos por una junta de subastas compuesta por funcionarios municipales conjuntamente con un miembro del interés público y en cuyas decisiones no intervienen en forma alguna ni el alcalde ni el vicealcalde ni ningún otro funcionario”.
“Según surge directamente de los expedientes de este trámite, la mencionada empresa participó en varios procesos competitivos de subasta entre junio y julio del año 2021, en donde, además de cumplir inicialmente con los términos y condiciones de los pliegos, ofertó los precios más económicos. Como consecuencia, preliminarmente se le adjudicó la buena pro en cuatro procesos de subasta, lo cual todavía en esta etapa no implicó la contratación de la compañía”, indicó el funcionario.
También mencionó que “posteriormente a la celebración de la subasta, el municipio en los trámites posteriores de verificación, confirmó que la corporación incumplió con requisitos necesarios para el otorgamiento de los contratos, requisitos que son impuestos en nuestro ordenamiento jurídico en contratos altamente regulados por ser sufragados por fondos públicos”.
“Como consecuencia de esto, desde el 23 de septiembre de 2021, el municipio tomó la determinación de no otorgar contrato alguno a dicha compañía en atención a la protección del interés público. Y dos meses después trascendió públicamente que los accionistas de la corporación estaban involucrados en acusaciones criminales en la jurisdicción federal, por hechos relacionados al manejo de fondos públicos, redundando en acuerdos de culpabilidad”, afirmó.
Mercado concluyó que “en el municipio de San Juan los procesos de subasta se celebran con sujeción a los rigores del Código Municipal, el Reglamento de Subastas y los más altos estándares éticos y de transparencia, en protección de los mejores intereses públicos”.
El alcalde, Miguel Romero Lugo, rechazó “cualquier señalamiento o vinculación por asociación, o referencia sin base alguna, con cualquier acto en nuestra administración municipal que se aleje del rigor legal y reglamentario en el manejo de fondos y de propiedad pública”. Afirmó que la junta de subastas municipal “está compuesta, entre otros, por miembros de la pasada administración y por funcionarios que no tienen vinculación alguna con la campaña electoral del año 2020. En adición, para promover la transparencia, los procesos de subasta son públicos, razón por la cual, se transmiten en vivo a través de internet”. Reiteró que “las personas o entidades que al momento han sido señaladas en la comisión de posibles actos de corrupción en otros municipios de nuestra isla, no tienen contratos con el municipio de San Juan, ni le rinden servicios ni directa ni indirectamente a nuestra ciudad”.
