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Santo Domingo / 5 de abril de 2023 – La jueza Kenya Scarlett Romero Severino, coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres exministros del gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, implicados en el caso de corrupción administrativa conocido como Calamar en el que habrían cometido acciones fraudulentas por más de 19 mil millones de pesos (unos 345 millones de dólares) en perjuicio del Estado dominicano.
La decisión afecta a José Ramón Peralta y Donald Guerrero, pasados ministros Administrativo y de Hacienda, respectivamente, mientras para el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, dispuso arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades del Ministerio Público.
Los tres son miembros del Comité Político del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ocuparon esas posiciones en el mandato de Medina Sánchez (2012-2020). Castillo, un empresario aeronáutico y de otros renglones económicos, fue candidato presidencial de esa organización en las elecciones generales del 2020 en las que resultó derrotado por el actual gobernante Luis Abinader con más del 52% de las votaciones.
José Ramón Peralta y Donald Guerrero cumplirán la medida en la cárcel Najayo-Hombres situada en la provincia San Cristóbal, a 19 millas desde Santo Domingo.
La jueza Kenya Romero, durante cuatro días de audiencia, declaró el caso complejo y rechazó todos los pedimentos de las barras de la defensa de declarar inocentes a los imputados.
Luego de emitida esa sentencia, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), entidad encargada del manejo de la investigación, tiene 18 meses para presentar acusación formal contra esas personas de acuerdo a las leyes dominicanas.
También, para el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, la jueza ordenó arresto domiciliario, impedimento de salida del país, medida que es extensiva para el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y el señor Aldo Antonio Gerbasi. Este fue el grupo que no pactó con el Ministerio Público y que en cambio mantienen su declaración de inocencia de las acusaciones que se les han realizado.
El órgano de persecución de los delitos había señalado ante el tribunal, durante el conocimiento de medida cautelar, que existían las condiciones para que se impusieran los 18 meses de prisión preventiva a los seis implicados en el caso Calamar con los cuales no llegaron a un acuerdo.
En cambio, los que sí llegaron a algún tipo de pacto con las autoridades y a quienes les impusieron arresto domiciliario, fueron el abogado Ángel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola, Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero. Además, Claudio Silver Peña, Yahaira Brito Encarnación y su esposo Ramón David Hernández.
El caso Calamar comenzó con un operativo de 40 allanamientos la noche del sábado 18 de marzo y la madrugada del domingo 19. Desde entonces guarda prisión el grupo de encartados en la supuesta red de corrupción.
El expediente posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta estructura sustrajeron los recursos financieros estatales.
El grupo está acusado de incurrir en los delitos penales de falsificación y uso de documentos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, enriquecimiento ilícito y de violar varios artículos de la Ley No. 155-17, que castiga el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
