Ni la muerte detuvo los pagos: Gobierno desembolsó millones a cuentas de pensionados fallecidos
𝐿𝑎 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜́ 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 2020 𝑦 2025 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑜́ 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙.
San Juan, PR (2 de noviembre de 2026) – Más de $13.2 millones en fondos públicos fueron desembolsados a cuentas de pensionados fallecidos, según una investigación de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico que identificó 56,712 pagos realizados a 9,180 cuentas después de transcurridos más de 60 días del fallecimiento de sus titulares.
La contralora Carmen Vega Fournier informó que el examen abarcó cuatro sistemas de retiro del Gobierno durante el período de enero de 2020 a diciembre de 2025.
“Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de fortalecer los controles y el intercambio de información para detener oportunamente los pagos tras el fallecimiento de un pensionado. Cada desembolso indebido afecta los recursos públicos y exige acciones firmes para recuperar los fondos y prevenir que situaciones como estas se repitan”, expresó.
La Administración de los Sistemas de Retiro registró la mayor cantidad de dinero desembolsado, con $8,793,181. Le siguieron el Sistema de Retiro para Maestros, con $2,418,436; el Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, con $1,055,888; y el Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, con $990,072.
Uno de los hallazgos más preocupantes reveló que 16 cuentas de beneficiarios fallecidos continuaban reflejando pagos hasta agosto de 2026, por $128,899.
Además, una cuenta perteneciente a un pensionado fallecido en febrero de 2016 recibió 93 cheques por $75,462 hasta agosto de 2026. Algunos fueron endosados y depositados en una institución bancaria en Kansas.
La investigación señaló deficiencias en los controles y en el intercambio de información con el Registro Demográfico, lo que pudo contribuir a que continuaran los desembolsos.
La Oficina de la Contralora recomendó fortalecer los mecanismos de verificación y solicitó al Departamento de Justicia evaluar posibles acciones legales para recuperar los fondos e investigar eventuales actos de apropiación ilegal.
El informe completo, identificado como OC-27-35, está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.
