Ponce bajo la lupa: perros realengos, contratos y la necesidad de transparencia
𝐎𝐩𝐢𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐈𝐯𝐚́𝐧 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢́𝐠𝐮𝐞𝐳 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐳𝐨
Analista Político
(22 de octubre de 2026) – La Ciudad Señorial de Ponce vive una crisis silenciosa pero alarmante. Se estima que más de 30.000 perros realengos circulan por sus calles, avenidas y zonas como el Complejo Ferial. Esta cifra, reportada en coberturas periodísticas y por rescatistas, genera riesgos de salud pública, accidentes y saturación del albergue municipal, que opera muy por encima de su capacidad.
La alcaldesa Marlese Sifre Rodríguez, electa en 2024 y en el cargo desde enero de 2025, ha impulsado jornadas de esterilización. Sin embargo, el tamaño del problema obliga a examinar con rigor cómo se asignan los recursos públicos.
En días recientes, el municipio adjudicó un contrato de servicios veterinarios al Dr. Víctor Oppenheimer (V.E.R.A. Pets) por $232.000 para el albergue, con vigencia de agosto 2025 a junio 2026.
Las tarifas de esterilización reportadas oscilan entre $200 y $320 por animal, muy por encima de los aproximadamente $20 que históricamente han manejado voluntarios y organizaciones de rescate en intervenciones de bajo costo. Este contraste genera preguntas legítimas sobre eficiencia y priorización de fondos en una emergencia que requiere soluciones masivas.
Al mismo tiempo, Madera Events & Entertainment ha concentrado una porción significativa del presupuesto de cultura y eventos. Desde finales de 2023, la empresa ha recibido contratos que suman cerca de $4.9 millones para Fiestas de Pueblo, decoraciones navideñas ($375.000 en un solo contrato), Encendido Navideño, Carnaval y otras actividades. Aunque los eventos dinamizan el turismo y el comercio, la repetición de adjudicaciones a un mismo proveedor durante los últimos años invita a un análisis de competencia y costo-beneficio.
Otros contratos de mayor escala, como aquellos relacionados con ornato, limpieza y poda de árboles (incluyendo menciones en el debate público a Graffo Management Corp), circulan con cifras elevadas. Se habla de montos que habrían pasado de contratos previos más modestos (alrededor de $250.000 por servicios de imprenta) a cifras significativamente mayores ($7.9 millones de dólares) para realizar otros trabajos municipales distintos a sus comienzos como inversionista político. De la misma forma se lucran económicamente “Tatito” Hernández y su esposa María Maritza Torres Rivera a través de Proaktiva Financial Strategies LLC: con montos superiores a $100.000 anuales. En ambos casos, la ausencia de información transparente es, en sí misma, un llamado de atención.
Para intelectuales y actores políticos, el mensaje es claro: la crisis de los perros realengos no es solo un asunto de bienestar animal. Es un termómetro de gobernanza. Cuando los costos de servicios veterinarios se multiplican respecto a alternativas comunitarias y los presupuestos de eventos y mantenimiento se concentran, se vuelve indispensable exigir acceso pleno a los contratos a través de la Oficina del Contralor y las plataformas municipales. Solo con datos verificables, competencia real y resultados medibles Ponce podrá atender de forma efectiva tanto a sus ciudadanos como a los miles de animales que hoy merodean sin control por la Ciudad Señorial.
Se le hace un llamado a la asamblea municipal y a sus miembros de minoría que ya es hora, momento de fiscalización a este tipo de corrupción municipal y falta de fiscalización mediática a este tipo de atrocidad. Se preguntan los Ponceños, esta es la secuela del Dr. Irizarry Pabón y será la crónica de una muerte anunciada?
