Cuando las irregularidades del gobierno llegan al ciudadano

Por Agustín Muñoz

El Sol de Puerto Rico

Ponce, PR (9 de octubre de 2026) – Las posibles irregularidades, investigaciones y alegaciones de corrupción en el Gobierno de Puerto Rico suelen ocupar un lugar destacado en el debate público. Sin embargo, detrás de cada contrato cuestionado, auditoría o señalamiento hay un aspecto que recibe menos atención y es su efecto en la ciudadanía y en los servicios que recibe.

Luz Milagros Santiago, una exservidora pública residente en Juana Díaz, expresó que los continuos señalamientos de irregularidades contra funcionarios gubernamentales le afectan física, emocional y espiritualmente. “En lo físico y emocional porque con tanta presión, los altos precios, uno se llena de preocupaciones”, expuso. Agregó que en el aspecto espiritual le impacta la ambigüedad de los funcionarios “que dicen unas cosas y hacen otras” en perjuicio de la transparencia pública.

Los casos recientes examinados por organismos fiscalizadores de Puerto Rico muestran que el impacto puede ser mucho más concreto de lo que aparenta una controversia política. Una deficiencia en la administración pública puede tener importancia para el ciudadano si afecta la utilización de los recursos destinados a servicios públicos.

Las controversias que involucran a funcionarios públicos suelen concentrarse en las declaraciones de los protagonistas, las respuestas políticas y el enfrentamiento entre quienes formulan los señalamientos y quienes los rechazan.

Las imputaciones relacionadas con la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Suzanne Roig Fuertes, y otros ilustran la importancia de Cómo afectan esas controversias al ciudadano que depende de los servicios del gobierno y cuyos impuestos financian sus operaciones.

En el caso de Rolig Fuertes, en 2026 la funcionaria fue vinculada públicamente a un contrato de $60,000 mensuales para cuidar a un paciente durante su gestión en Salud y a una investigación de Ética Gubernamental. Luego, Justicia y el Panel del Fiscal Especial Independiente concluyeron que no procedía investigar criminalmente un posible perjurio.

Estos hechos no bastan para concluir que la funcionaria cometió corrupción. Sin embargo, plantean preguntas legítimas sobre los procesos gubernamentales de contratación, supervisión y fiscalización.

El DF administra programas y servicios para menores, adultos mayores y personas con necesidades económicas y sociales. Por ese impacto directo, toda controversia sobre recursos, contratos o fiscalización debe examinarse no solo desde la política, sino también desde sus consecuencias para la prestación de servicios públicos.

Las alegaciones contra funcionarios públicos pueden convertirse en una disputa política, pero para el ciudadano de la calle pueden servir como punto de partida para examinar cómo se administran los recursos públicos.

En agosto de 2026, la Oficina de la Contralora (OC) informó que el Departamento de Salud (DS) adquirió por $772,400 una unidad móvil de tomografía computarizada, originalmente destinada a atender a los residentes de Vieques.

Sin embargo, el equipo terminó en el estacionamiento del Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau, en Bayamón, donde permanecía sin uso y expuesto al deterioro.

¿La pregunta de los viequenses fue y qué pasó con el servicio médico que ese equipo debía proporcionar a los residentes de la isla municipio?

En junio de 2026, la OC refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental una investigación sobre compras y desembolsos del CRIM. La pesquisa identificó una orden de compra de $1,000 para alimentos destinados inicialmente a una reunión que fue cancelada. Según sus hallazgos, luego se utilizaron documentos para justificar ese desembolso como parte de un supuesto adiestramiento que nunca se realizó.

Las fallas en la administración de fondos públicos pueden dejar obras sin terminar, demorar la prestación de servicios, impedir que las ayudas lleguen a la población prevista y generar gastos adicionales para corregir las deficiencias.

Cuando existe una investigación contra un funcionario, el ciudadano tiene derecho a conocer qué se investiga, qué evidencia existe, qué responden las partes y en qué etapa se encuentra el proceso.

Ante irregularidades de auditoría, debe informarse si la agencia corrigió las deficiencias. Si se prueba corrupción, también deben conocerse los fondos afectados, la restitución y las medidas para evitar su repetición. La corrupción, cuando es probada, puede tener un costo económico y también un costo institucional. Pero incluso los problemas de administración, supervisión y controles internos merecen atención porque pueden afectar la eficiencia con que se utilizan los recursos públicos.