Representante Edgar Robles objeta los altos costos de los llamados “carriles exclusivos o carriles reversibles”
Redacción el Sol de PR
El Capitolio, PR (11 de mayo de 2026) – Desde la Comisión de Asuntos del Consumidor, de la Cámara de Representantes Puerto Rico, que preside Edgar Robles Rivera, representante del Distrito 14, que comprende los municipios de Arecibo y Hatillo, se realizó un requerimiento formal de información dirigido a Metropistas, con el fin de obtener detalles sobre el contrato de concesión y el cobro de tarifas en los peajes. Además, se solicitaron Memoriales Explicativos tanto a Metropistas como a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
Estas solicitudes se hacen en el marco de la Resolución de la Cámara Núm. 105, que ordena investigar todo lo relacionado con la fijación de precios, tarifas y prácticas que impactan directamente al consumidor puertorriqueño.
“En específico, se solicitó que se explique cómo se determinan las tarifas de peaje, qué participación tiene el gobierno en esas decisiones y si se están cumpliendo los términos del contrato. Además, se requirió información sobre posibles penalidades por incumplimientos y la fiscalización del sistema de peajes dinámicos”, adelantó.
El requerimiento también abarca las autopistas y vías bajo este acuerdo, incluyendo la PR-5 (Guaynabo-Bayamón), PR-20 (Guaynabo-Caguas), PR-22 (San Juan-Hatillo), PR-52 (San Juan-Ponce), PR-53 (Fajardo-Yabucoa), PR-66 (Carolina-Río Grande) y el Puente Teodoro Moscoso, todas con impacto directo en miles de conductores diariamente.
“Como parte de nuestra evaluación, estamos examinando el funcionamiento del carril expreso o carril dinámico (DTL), utilizado en tramos de la PR-22 y PR-52. Este sistema opera con tarifas variables que pueden fluctuar aproximadamente entre $1.95 y $5.85 y pueden cambiar cada poco minuto, dependiendo del tránsito, lo que impacta directamente la planificación y el bolsillo del conductor”, explicó.
“Aquí el consumidor no puede estar a ciegas. La gente tiene que saber cuánto va a pagar y por qué lo está pagando”, expresó el representante.
“Nuestro deber es claro: fiscalizar, exigir transparencia y asegurarnos de que cada cobro sea justo y conforme a lo convenido contractualmente. Esto no es complicado, es respeto al ciudadano que todos los días paga por usar estas vías”, añadió.
Estas gestiones tienen un propósito claro: velar por el consumidor puertorriqueño. Cada persona que paga un peaje tiene derecho a recibir una información clara, procesos justos y un sistema que responda con transparencia.
El enfoque es uno solo: defender al consumidor, asegurar la claridad en los cobros de tarifas y garantizar que el sistema funcione como debe.
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