Sector de cuido prolongado preocupado por controversia que pone en riesgo la confianza pública
𝐴𝑑𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑢́𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑎 𝑔𝑢𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
Redacción el Sol de PR
San Juan, PR (21 de abril de 2026) – En momentos en que la controversia sobre la Secretaría de la Familia continúa generando debate público, el sistema de cuido prolongado en Puerto Rico enfrenta una alerta que trasciende lo administrativo: la confianza en su integridad está en juego.
El presidente de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado (FICPRO), Jonathan Morales Adorno, alzó la voz ante lo que describió como un escenario preocupante para uno de los sectores más vulnerables del país.
“Observo con profunda preocupación la información divulgada y como representante del sector, reiteramos que el cuido prolongado no puede ser escenario de controversias administrativas o contractuales dudosas. Cada dólar asignado debe responder directamente al bienestar del adulto mayor”, expresó.
La inquietud surge tras revelaciones que involucran a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, quien habría participado en la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente durante su paso por el Departamento de Salud.
Ante estos señalamientos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó que requerirá información adicional a la funcionaria, intensificando así el escrutinio legislativo.
El caso adquiere mayor complejidad al conocerse que Roig Fuertes fue referida al Departamento de Justicia en 2022 mientras dirigía la Unidad de Discapacidad Intelectual. La investigación, que se extendió por casi tres años, fue archivada el 30 de octubre de 2025. Sin embargo, durante ese periodo coincidió con su proceso de nombramiento, lo que plantea interrogantes sobre los mecanismos de evaluación gubernamental.
La funcionaria, por su parte, ha sostenido que desconocía la existencia del referido y que nunca fue contactada por las autoridades, aunque sus expresiones públicas han sido señaladas como inconsistentes frente a otros datos divulgados.
“Resulta alarmante cualquier alegación de condicionamiento en la otorgación de contratos, especialmente cuando involucra la subcontratación de servicios que no responden a procesos claros, transparentes y competitivos”, añadió Morales Adorno.
Desde FICPRO se hizo un llamado a una investigación “seria, independiente y transparente” que permita esclarecer los hechos, determinar si existieron irregularidades y asegurar que los fondos destinados al cuidado de adultos mayores no hayan sido comprometidos.
Aunque el Departamento de Justicia concluyó que no existía prueba suficiente para sostener el caso, no descartó reabrirlo si surge nueva evidencia, dejando la puerta abierta a futuros desarrollos.
Morales Adorno fue enfático al subrayar que el archivo del caso no representa un cierre definitivo en la discusión pública.
“Este caso no termina en un archivo, empieza con respuestas. El cuido de adultos mayores requiere confianza, no controversias. Puerto Rico merece claridad cuando se trata del cuido de sus adultos mayores”, concluyó.
