Inter News Service
San Juan, PR / 12 de julio de 2021 – A finales del 2020, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) asignó $40 millones al Departamento de Recursos Naturales (DRNA) para realizar un nuevo estudio de “caracterización de residuales sólidos” que permita crear un plan para el manejo de la basura en Puerto Rico.
La situación acerca de la disposición de la basura sigue siendo un grave problema en Puerto Rico sin visos de encontrarse una solución y comunidades en distintos lugares del país aledañas a los vertederos están viéndose afectadas en términos sanitarios.
Se habló en aquel momento de la posibilidad de establecer plantas de procesamientos de desperdicios sólidos (“waste to energy”) en ciertos puntos de Puerto Rico para resolver el problema de disposición de estos desechos, a pesar de lo controvertible en términos ambientales que tales proyectos resultan. Pero siguen siendo siempre una posibilidad, con todo el adelanto tecnológico que se ha producido en los últimos años.
El tema salió a relucir durante las vistas de transición que se realizan en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. En su presentación, Rafael Machargo afirmó que este estudio que se hará busca identificar qué tipo de basura llega a los vertederos y sus fuentes.
Señaló que “una vez completada la acción anterior, se trabajará en el desarrollo de un nuevo Plan de Infraestructura de Desperdicios Sólidos, integrando a los alcaldes”.
Se dijo que se buscaría crear la infraestructura necesaria para lograr manejar los desperdicios sólidos, porque el pasado plan desarrollado en Puerto Rico data de hace más de 10 años, pero nunca se puso en vigor.
Ha sido opinión consensuada entre los expertos que si el asunto de la disposición se convertirá en una crisis sanitaria, como está sucediendo ya en algunos municipios del país, si no se atiende a tiempo y con premura.
El propio Machargo ha reconocido a la prensa que, hasta el momento, no hay ninguna propuesta para crear plantas de procesamiento de desperdicios sólidos.
Los 40 millones asignados para este plan provienieron del “Non-Hazardous Waste Management State Program Support Supplemental Appropriation for Disaster Relief” de EPA.
Para verano de 2019, unos 11 vertederos tenían órdenes de cierre por parte de la EPA y otros siete incumplen con leyes federales y estatales. Y el panorama parece estarse empeorando.
Los vertederos con amenaza de ser cerrados son los de Arecibo, Arroyo, Cayey, Florida, Isabela, Juncos, Lajas, Moca, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja, en algunos de los cuales ya hay problemas sanitarios que afectan a las comunidades aledañas.
