(Anticipa medida que estipula guías de planes de reorganización pudiese evaluarse en el pleno la próxima semana)
El Capitolio- El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió hoy las facultades de la Asamblea Legislativa al asegurar que no se le daría un “cheque en blanco” al ejecutivo de aprobarse el Proyecto de Administración 653 que propone unas guías uniformes para reorganizar las agencias de la Rama Ejecutiva. Según el líder senatorial esta medida podría ser considerada en los próximos días en el pleno de la Cámara Alta.
“Le aseguro que no le daré un cheque en blanco. Ni el gobernador es ni será Julio Cesar (y) ni este es el senado romano…tan simple como eso”, advirtió de entrada Rivera Schatz previo a comenzar su sección de preguntas y respuestas en la vista pública de la Comisión sobre Asuntos Federales Políticas y Económicas del Senado. Por tanto, quedaría garantizado el proceso de pesos y contrapesos.
“Este es un plan para establecer unos criterios y guías uniformes garantizando los empleos, eficiencia y el uso adecuado de los recursos del gobierno para que dentro de una situación de crisis haya el mayor acceso a la ciudadanía. De eso se trata, de unas guías uniformes. La Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar o rechazar. El reto lo tiene el gobernador al tener que someter un plan que sea de la satisfacción de la Asamblea Legislativa y que sea claro, preciso, que demuestre las eficiencias así como que se están alcanzando los objetivos de esta legislación para ser aprobada. Si no es así, será rechazado”, dijo Rivera Schatz en un aparte con los medios de comunicación.
Según el líder senatorial el gobernador tiene dos opciones: someter conjuntamente con el plan las leyes derogatorias y habilitadoras o esperar a que se apruebe el plan y en un término máximo de 15 días someter leyes derogatorias y habilitadoras. Si no las somete en ese período, queda sin efecto el plan.
“Si el gobernador somete planes de reorganización, la Asamblea Legislativa completa habrá de tener la oportunidad de examinar el plan, discutirlo con sus constituyentes, analizarlo y cada cual votará conforme lo que estime hacer”, destacó el Presidente del Senado.
Según esbozó en una ponencia el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela Franco, una vez el gobernador someta a la Asamblea Legislativa los planes de reorganización, la misma tendrá 30 días para pasar juicio sobre estos mediante Resoluciones Concurrentes. Si no se alcanzó un acuerdo entre los Cuerpos, se extenderá por 15 días adicionales. De no haber un acuerdo, cada Cuerpo podrá aprobar una Resolución aprobando o rechazando el plan. El rechazo del Senado o de la Cámara de Representantes conllevará el rechazo del Plan presentado por el Ejecutivo. Si en 45 días no se aprueba una Resolución Concurrente o Resolución se entiende avalado el Plan de Reorganización. Conjunto con cada Plan de Reorganización, o 15 días luego de aprobarse el mismo, el gobernador deberá presentar un proyecto de ley para derogar aquellas leyes que sean afectadas por el mismo.
“Si la Legislatura no ha actuado en 30 días (después de que se someta el plan)se entiende que hay una aprobación tácita….El Senado y la Cámara no van a dejar eso pasar sin hacer nada…Esa disposición es para poner un poco de presión para que se actúe… con el objetivo de darle eficiencia pero de ninguna manera el Ejecutivo ni el legislativo están renunciando a sus prerrogativas”, aclaró Rivera Schatz al sentenciar que el Senado y la Cámara de Representantes “tendrán la última palabra” coincidiendo así con la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced. De hecho, los nuevos jefes de agencia, cuyos puestos se establezcan bajo los planes de reorganización tendrán que ser confirmados por el Senado con excepción de los funcionarios adscritos a la Oficina del Gobernador.
El Artículo III, Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico le delegó al Senado y a la Cámara de Representantes la facultad de crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.
Un plan de reorganización no puede enmendar ni derogar leyes habilitadoras ni eliminar las siguientes oficinas: la Oficina sobre el Panel Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Contralor Electoral y la Universidad de Puerto Rico. También el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y los departamentos de Estado, Justicia, Hacienda, Educación, Obras Públicas, Desarrollo Económico y Comercio, Salud y Agricultura.
“Eso queda claro en el proyecto. Esta Asamblea Legislativa, conforme a lo que está discutiéndose, ha sugerido un trámite expedito para alcanzar unos objetivos en momentos donde hay crisis financiera y los acceso a los servicios de gobierno no son los mejores”, indicó el Presidente del Senado en torno a la pieza legislativa propuesta cuyo objetivo es reducir los gastos de las 119 agencias que cuestan al erario más de $25 mil millones.
Por su parte, el senador Juan Dalmau Ramírez reiteró su rechazo al proyecto propuesto que aparentemente no contiene los acuerdos entre la Rama Ejecutiva y la Legislativa. El senador independentista denunció que en momentos de crisis, como los que vive Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María, “la historia nos enseña que más celoso deben ser el Senado y la Cámara (de Representantes) de mantener un justo balance…El momento de crisis requiere mayor rigor de defender los poderes legislativos”.
Mientras, el senador popular Eduardo Bhatia Gautier argumentó que la Legislatura “tiene una función electa por el pueblo, tan electa como el gobernador”.
Esta es la segunda audiencia pública que se realiza en torno a este proyecto senatorial. La semana pasada y hoy asistieron Vázquez Garced y el director ejecutivo de la AAFAF. Hoy no fue citado a vista pública el secretario del DTRH, Carlos Saavedra, quien sentenció en la primera vista pública que de aprobarse la medida no habrán despidos de empleados públicos. Esta mañana se les unió el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino Vega.
La vista pública se realizó en conjunto con la Comisión Especial para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María de la Cámara de Representantes presidida por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez.
