Preocupado el Ombudsman por retrasos en pagos que afectan servicios de educación especial
Redacción el Sol de PR
San Juan, PR (8 de junio de 2026) – El Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, expresó preocupación por la falta recurrente de recursos para el pago de proveedores de servicios de educación especial y advirtió que la situación podría desembocar en el desmantelamiento del sistema de apoyo externo que atiende a miles de estudiantes con diversidad funcional en la isla.
El Procurador del Ciudadano hizo un llamado al Departamento de Educación, al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que atiendan con urgencia los problemas de liquidez que afectan a maestros y corporaciones privadas contratadas para ofrecer servicios terapéuticos y académicos.
“Esta parálisis no solo lacera el derecho fundamental a la educación, sino que coloca a miles de familias puertorriqueñas, en una posición de extrema vulnerabilidad y desamparo”, sostuvo García Feliciano al denunciar que la burocracia institucional y la falta de pagos oportunos han provocado la suspensión de servicios esenciales.
El funcionario indicó que resulta inaceptable que los estudiantes con diversidad funcional y sus familias continúen siendo las principales víctimas de lo que describió como una falta de proyección y un deficiente análisis presupuestario por parte de las autoridades.
“El diseño de los fondos públicos no puede continuar ignorando la realidad financiera y operativa de los servicios contratados. Configurar un presupuesto irreal que no se ajuste a las necesidades apremiantes de esta población, no es un mero error de cálculo. Es una negligencia que atenta directamente contra el proceso de inclusividad social y escolar que, por ley y por estricto sentido de humanidad, el Estado está obligado a garantizar”, afirmó.
García Feliciano advirtió además que la continua dilación en los desembolsos y la inestabilidad en el financiamiento podrían configurar un escenario de discrimen institucionalizado contra esta población vulnerable.
“No se puede hablar de equidad ni de justicia social, mientras se les niega el sustento económico a los profesionales e instituciones privadas que dan el frente por el Departamento de Educación, asumiendo la responsabilidad de ofrecer las destrezas que la propia agencia no tiene la capacidad de proveer. Privar a estos componentes de un ingreso seguro es, en efecto, desmantelar el sistema de apoyo que sostiene el desarrollo integral de la niñez con necesidades especiales”, expresó.
Ante la situación, el Ombudsman solicitó la intervención de la JSF para que priorice la asignación de recursos suficientes dentro del presupuesto de Educación y certifique partidas que reflejen los costos reales de nómina y contratos.
“Es imperativo que el ente fiscalizador certifique partidas presupuestarias que reflejen fielmente la nómina y los gastos contractuales acumulados, asegurando que el dinero llegue a quienes efectivamente mitigan las deficiencias del sistema público de enseñanza”, argumentó.
Asimismo, pidió que se flexibilicen las restricciones financieras para permitir el uso inmediato del fondo de reserva del Departamento de Educación en caso de insuficiencia económica.
“La burocracia fiscal no puede ser la excusa para truncar las terapias, las tutorías y el cuidado especializado que sostienen el progreso de estos estudiantes”, manifestó.
García Feliciano también destacó el impacto que la situación tiene sobre las familias de estudiantes de educación especial, quienes enfrentan la incertidumbre de ver interrumpidos los tratamientos y apoyos que reciben sus hijos.
“Ni la Junta, Educación ni el gobierno, pueden permanecer insensibles ante las vicisitudes de unas familias que ven interrumpidos los procesos terapéuticos de sus niños, por puras trabas administrativas. Cada día que un estudiante de Educación Especial pasa sin recibir sus servicios contratados, representa un retroceso irreparable en su desarrollo y una flagrante violación a su dignidad humana”, consignó.
El Procurador del Ciudadano concluyó con un llamado al liderato gubernamental y a la opinión pública para que se atienda de inmediato la situación y se garantice la continuidad de los servicios.
“El futuro de nuestra niñez más vulnerable no puede seguir siendo el fusible que se funde ante la incompetencia fiscal. Educación, el gobierno y la Junta deben sentarse a la misma mesa hoy mismo, con las soluciones y los pagos en la mano. La inclusión y los derechos humanos de nuestros niños, no se negocian ni se posponen por un trámite de oficina”, concluyó.
