(24 de febrero del 2021- San Juan, Puerto Rico) – La directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), licenciada Hannia Rivera Díaz informó hoy que presentó una solicitud de investigación ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para que investigue la práctica de “corrección de factura” por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a sus abonados.
Rivera Díaz explicó que desde hace unos meses, notó un incremento considerable en el número de consumidores que acuden a su oficina en busca de un remedio ante el hecho de que la AEE estima su consumo eléctrico por periodos de tiempo prolongados, en ocasiones durante años, y que luego reciben una factura con algún ajuste identificado como “corrección de factura” o como “cargos corrientes”.
“En las facturas de algunos de estos consumidores, los cargos superan los miles de dólares y no es hasta que el ciudadano realiza las gestiones ante la Autoridad, que entra en conocimiento de que la razón principal para dicho cobro es la práctica de estimar las facturas. Si bien es cierto que, la estimación de facturas de por sí no es una práctica prohibida por ley, las correcciones de factura que la Autoridad realiza como consecuencia de dicha acción son ilegales, al exceder los 120 días permitidos por la Ley 272-2002 para notificar errores de cálculo. Cabe resaltar que, en el cien por ciento de los casos atendidos en la OIPC, las correcciones de facturas realizadas exceden el término antes indicado”, sostuvo la funcionaria gubernamental.
La directora de la OIPC indicó además que en el descargo de sus funciones realizó gestiones con empleados de la AEE y las mismas fueron infructuosas. Añadió que estos alegaron que si el consumidor no solicita de manera específica que le realicen un ajuste por Ley 272-2002, ellos no lo realizan, aun cuando el consumidor haya acudido exclusivamente a objetar la factura.
“Estas acciones inciden en que se le brinde un servicio confiable, viola la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico y tienen el efecto de coartarles el derecho de los consumidores de agotar los remedios administrativos y su debido proceso de ley. También los obliga a efectuar pagos imprecisos, injustos, e irrazonables mediante un proceso plagado de falta de transparencia y corrección. Es por esto que pedimos que se investigue y se emitan las medidas correctivas necesarias. Lo antes, con el objetivo de que el pueblo de Puerto Rico quede con la garantía nuestra, del ofrecimiento de un sistema eléctrico confiable, eficiente y transparente, según nos dicta la política pública energética de nuestro país”, concluyó Rivera Díaz.
