Por Agustín Muñoz / Periódico El Sol de PR
El exgobernador Rafael Hernández dejó un legado que, por el prisma político partidista, ha tenido muchísimos contratiempos para llegar a su cumplimiento. El Plan Ponce en Marcha, creado en 1985, tuvo como objetivo “la revitalización social, económica y política del Municipio de Ponce mediante la conjunción de proyectos de desarrollo económico, infraestructura, turismo y cultura”. Incluyó la repavimentación de calles, reconstrucción de aceras, soterrados de cables eléctricos, alumbrado de calles con elegantes farolas y ornato.
El plan Ponce en Marcha buscaba significar para la ciudad de Ponce un nuevo ciclo sostenido por un pasado glorioso. Sin embargo, el revanchismo político partidista aún lo mantiene de visita en los tribunales.
El licenciado José “Jossito” Dapena Thompson, entonces alcalde de Ponce, recordó que cuando Hernández Colón asumió la gobernación en enero de 1985 por el Partido Popular Democrático (PPD) no había recursos para poner en marcha el plan. Como simpatizó con la iniciativa de Hernández Colón puso a disposición del nuevo gobernante los recursos municipales necesarios para encausar la obra.
A los Hernández Colón y a los Dapena los unía una relación de amistad desde pequeños y ese afecto trascendió a la administración de Dapena Thompson elegido por el Partido Nuevo Progresista (PNP), “Las cosas de Ponce él mes la delegaba a mí y lo que yo decidiera eso era lo que iba”, rememoró y dijo que cuando había problemas por Ponce en Marcha el gobernador se comunicaba temprano en la mañana para solicitarle su intervención. “Yo puedo decir que jamás me negó nada para Ponce. Todo lo contrario”, susurró el exalcalde.
A raíz del cambio de gobierno en 1992, las agencias del gobierno central involucradas en dar cumplimiento al plan ponceño cancelaron o demoraron el inicio y la construcción de los proyectos en calendario. Esas acciones trajeron como consecuencia serios problemas económicos sobre la ciudad y la región inmediata. Provocó desempleo y canceló oportunidades viables de desarrollo e ingresos. El hoy fenecido alcalde Rafael Cordero Santiago libró fuertes batallas legales en defensa del plan criatura de Hernández Colón.
En las postrimerías del 2000, luego de varias demandas para el cumplimiento de las obras, una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico sentenció que el gobierno central tenía que asignar los fondos para Ponce en Marcha y su incumplimiento provocaría la imposición de sanciones. La falta de seguimiento oficial a la orden judicial provocó más citaciones en corte que aún están pendientes. Solo los proyectos de infraestructura en construcción son el de la circunvalación que incluye la carretera PR-9 desde Mercedita hasta la PR-2, mejoras en el aeropuerto Mercedita y la planificación del soterrado de la avenida Hostos.
Los restantes proyectos incluidos en el plan quedaron paralizados por la ley federal PROMESA. La organización Ponceños de Verdad capitanea la fiscalización cívica del cumplimiento.
