Las promesas anticorrupción de los partidos políticos
Periódico El Sol de Puerto Rico/Por Agustín Muñoz
Guayanilla,11 de octubre de 2024-En Puerto Rico, lamentablemente, se asocia la palabra corrupción con la figura del político. Ciertamente, los múltiples fallos judiciales contra personas de la política han lacerado su imagen a tal punto que llega hasta la burla. Incluso, hasta se dice que “un político juzgado y sentenciado” tiene un puesto seguro como comentarista en los medios de comunicación.
Por las pasadas décadas y de cara a los eventos electorales, los partidos que compiten por la administración del país levantan sus banderas de propuestas en contra de la corrupción. Aun así, se repiten las actividades ilegales que involucran a esos “servidores públicos” electos.
En relación con el cercano evento electoral en Puerto Rico, los partidos Nuevo Progresista (PNP), Popular Democrático (PPD), Patria Nueva (PIP-MVC) y Proyecto Dignidad (PD) han presentado sus respectivos programas de gobierno sobre el cacareado tema.
En el PNP, colectividad que ha visto desfilar ante el sistema de justicia a muchos de sus dirigentes, se reconoce que “la corrupción gubernamental es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y la prosperidad de nuestra Isla. No solo erosiona la confianza de la gente en las instituciones públicas, sino que también obstaculiza la distribución de recursos esenciales que podrían ser utilizados para mejorar la calidad de vida de todos”.
En su programa de gobierno, el PNP incluye la creación de un Registro de Contratistas de Alto Volumen y un Registro de Cabilderos con información precisa de sus miembros y sus actividades con funcionarios de gobierno. Asimismo, revisará el Código Anticorrupción y las leyes habilitadoras de los organismos fiscalizadores del gobierno.
Además, enmendará las leyes para que el Departamento de Justicia recobre los fondos producto de los actos de corrupción. En esa agencia, creará una unidad con fiscales especializados para que colaboren con los organismos encargados del procesamiento de casos.
Por su parte, el PPD, en cuyas filas militan varios alcaldes ajusticiados por delitos de corrupción en el presente cuatrienio, expresa que “combatir la corrupción es un asunto medular en la agenda del país. Nos urge tomar medidas contundentes para erradicar este mal que socava la confianza ciudadana y limita nuestro desarrollo”. Se queja que
las autoridades federales han sido exitosos en los casos por corrupción que han llevado en la isla, mientras “por el contrario, el sistema anticorrupción local no ha logrado convicciones”.
Entre sus 21 propuestas anticorrupción, figura la unificación de “las más de 20 leyes y reglamentos sobre contratación gubernamental y fortaleceremos sus controles en contra de la corrupción. Además, estableceremos parámetros más rigurosos sobre la subcontratación y su rendición de cuentas, las enmiendas o modificaciones de los
contratos y estableceremos que todo contrato que no cumpla con la ley será nulo y no podrá ser pagado ni ejecutado”.
De igual forma, el PPD creará la “Ley de la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” que será un organismo encargado de velar por el cumplimiento fiel de las políticas de gobierno limpio, con plena autonomía administrativa, presupuestaria y operacional para liderar la investigación y el procesamiento de delitos graves y menos graves en violación de los derechos civiles, en contra del erario o en el desempeño de la función pública”.
Al igual que el actual partido de gobierno, los populares “brindaremos las garras y recursos necesarios al sistema anticorrupción para recuperar los recursos públicos perdidos por corrupción” y “despolitizaremos puestos de alta gerencia en el gobierno estableciendo prohibición de participación de actividades políticas y donaciones”.
Por su lado, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) dice que ante la realidad que presenta la malversación de fondos, el abuso de poder, la influencia política y el favoritismo “es urgente instaurar un proceso de transformación gubernamental”. Para lograrlo, el PIP prohibirá “la participación en actividades políticas de recaudación de
fondos a todo jefe o directivo de departamento o agencia, y a toda persona que participe de la evaluación, autorización y pago de contratos”.
“Legislaremos para extender el Código de Ética de Contratistas a todas las Ramas del Gobierno para prohibir donaciones políticas de personas que tengan contratos gubernamentales”, se lee en el programa de trabajo. También propone la creación de un ‘Observatorio Anticorrupción’, adscrito a la Asamblea Legislativa, con la finalidad de diagnosticar esquemas, patrones, conductas, valores y factores que propician, permiten o fomentan la corrupción gubernamental y recomendar cambios a la política pública.
Finalmente, el partido Proyecto Dignidad (PD) bosqueja varios puntos sobre el tema entre los que menciona la asignación de fondos y los recursos necesarios para el fortalecimiento de una estructura de valores a través del sistema educativo público y privado.
“Requeriremos que toda subasta realizada por la Administración de Servicios Generales o cualquier entidad gubernamental o municipios tengan la presencia de auditores de la OCPR”, incluye la promesa del PD. Igualmente, exigir a toda entidad o persona que pretenda obtener contratos del Gobierno, evidenciar que cuenta con un sistema ético preventivo, mecanismos para incentivar la denuncia y proteger al denunciante, además del cumplimiento con las
diversas obligaciones éticas que establece la Ley 2-2018, según enmendada (Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico).
