Rivera Schatz concluye la propuesta es exactamente lo que Puerto Rico no debe hacer
Capitolio – El Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio M. Marxuach Colón, sostuvo hoy con evidencia empírica que la reforma estructural que busca realizar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha fracasado en docenas de países. Asimismo, señaló que el fracaso se constata porque la experiencia empírica mundial demuestra que este tipo de reforma estructural orientada hacia el lado de la oferta fracasa en lograr sus objetivos, especialmente en economías restringidas por el lado de la demanda, como es el caso de Puerto Rico.
“La Junta está totalmente equivocada. Lo que proponen no tiene evidencia empírica, no he visto la data que los maneja y no han hecho público su teoría. Me parece que están equivocados”, respondió Marxuach al interrogatorio de Rivera Schatz realizado durante la vista pública.
La audiencia pública de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas que preside Thomas Rivera Schatz, consideraba hoy el Proyecto del Senado 919, sometido por la Junta de Supervisión Fiscal a la Asamblea Legislativa. En la misma, un grupo de cinco economistas puertorriqueños con una trayectoria por más de 30 años se pronunciaron en contra de la pieza que propone unas medidas que reducirían beneficios a los trabajadores en el País, la cual algunos calificaron como discriminatoria.
Rivera Schatz asintió que ante las declaraciones del panel de expertos en economía con experiencia de más de 30 años en el campo “no quedaría nada del actual proyecto que fue sometido por la Junta”.
Marxuach sí mostró los resultados de reformas estructurales europeas, estudios de universidades como un estudio realizado en el 2016 sobre el efecto de este tipo de reforma.
“En el 2016, un equipo diferente de investigadores del Macroeconomic Effects of Labor and Product Market Reforms in Advanced Economies (IMF) llevo a cabo otro análisis sobre el efecto de reformas estructurales utilizando otro modelo que toma en consideración las condiciones macroeconómicas al momento de la implementación d ellas reformas, utilizando otro grupo de parieses y que identifica los efectos de estas reformas no solamente a nivel agregado, sino también a nivel sectorial y de las firmas. Los resultados obtenidos fueron que los efectos de la eliminación de protecciones laborales son negativos tanto a corto como a mediano plazo bajo condiciones de recesión o debilidad económica, como las que se enfrenta Puerto Rico en estos momentos”, apuntó.
“Si miramos más atrás, en la historia, lo que ha resultado en beneficio y más trabajo han sido unas condiciones de trabajo más favorables para el trabajador. Entonces lo que la Junta está sugiriendo es lo que exactamente no debemos hacer”, concluyó en su análisis Thomas Rivera Schatz. Asimismo, dijo quedar evidenciado que la situación colonial de la Isla es el problema principal de donde se desprenden los problemas económicos.
De otro lado, anunció que el presidente de la Junta, José Carrión III, le envió una comunicación indicando que haría llegar a la Comisión unos materiales y datos que validarían su proyecto. Ante esto, todos deponentes indicaron estar disponibles para mirarlos y analizarlos. Rivera Schatz hizo saber además que mientras transcurría la audiencia el propio presidente de la Junta se encontraba visitando varios legisladores, pero hubiera declinado a comparecer hoy ante la Comisión.
Sobre este asunto, en un aparte el Presidente del Senado apuntó que “los que quieren a Puerto Rico no hay que obligarlos a colaborar, los que quieren aportar positivamente a la economía puertorriqueña no hay que citarlos so pena de desacato, los que tienen la conciencia y la moral en alto para decirle a los puertorriqueños que están trabajando por ellos no tienen que ser arrestados aquí para contestar preguntas. Eso es una vara más alta que la Ley Promesa, la moral y la dignidad. Lo que si no va a ocurrir es que no se atienda un asunto tan importante como este”.
La denominada Reforma Laboral 2018, que fue sometida por la Junta, enmendaría disposiciones de la Ley 180-1998 para establecer un salario sub mínimo para jóvenes menores de 25 años; derogaría la Ley 148-1969 para suprimir el bono navideño a los trabajadores del sector privado y otras enmiendas como la reducción a 7 dejas al año la acumulación de vacaciones y de licencia de enfermedad entre otras enmiendas como la eliminación del pago por indemnización por despido injustificado.
Por su parte, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez, dijo que estas consideraciones por la Junta, aunque no tienen evidencia empírica si constituyen una visión filosófica.
Ante estas enmiendas, el ex secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Héctor Hernández Soto fue enfático al decir que “el proyecto es discriminatorio” contra jóvenes menores de 25 años. “Los descalifica a aumentos salariales pero el proyecto no ofrece razono alguna para dicho trato discriminatorio. Con ello se propiciará que más jóvenes de Puerto Rico emigren del País. Yo tengo la esperanza que la Ley Federal de salario mínimo pueda revisarse, como está pasando ahora mismo, para aumentarlo a nueve dólares la hora, si esto ocurre este tipo de legislación no tendría espacio”, declaró al paso que dijo no favorecer la aprobación de la pieza legislativa.
El catedrático en Economía de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Mayagüez Edwin Irrizarry Mora numeró el impacto económico de las medidas propuestas y fue enfático en que “están fuera de proporción”.
“La reducción de 14 días al año de las licencias por enfermedad o vacaciones (de un máximo actual entre 18 y 27 dejas) generará varias pérdidas a la economía como reducción en la demanda de turismo interno, aumento en el costo del cuido de niños y aumento en la pérdida real de ingresos al tener que faltar al trabajo por atender problemas de salud de la familia e hijos”, precisó.
Asimismo, dijo que ninguno de los miembros de la Junta tiene certeza razonable ni matemática para asegurar cuando empleos creciera una estrategia asociada a la eliminación de los derechos laborales. “Un argumento trillado es que eliminando derechos a los trabajadores se promueve la competitividad del País”, añadió.
Por su parte, el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, Ramón Ponte Tápanes, indicó preocuparle que la reducción de beneficios estimule la emigración e igualmente dijo que está en contra de esta propuesta. Además, detalle que la Junta debe constituir un proyecto que inserte a la fuerza laboral a aquellos individuos que hoy no trabajo porque reciben distintos beneficios del Gobierno. Esto ya que el País tiene solo un 40% de tasa de participación laboral (considerada muy baja) y un desempleo alto (más de 10%) que resulta en una fuerza laboral productiva de poco más de una tercera parte de la población en edad productiva.
Sobre un cálculo que reflejaría aumento salarial basa en una mayor tasa de participación, el licenciado Ruy Delgado Zayas sostuvo que las métricas utilizadas son inalcanzables, además de ser “una barbaridad” el proyecto.
Delgado digo que a todas luces esta legislación en nada va a ayudar en la creación de empleos ni a subir la tasa de participación laboral. “La última vez que la tasa estuvo en 50% fue para el 1950, luego lo más alto fue para el 1992 en un 42% y hoy se encuentra en un 40%”, explicó.
Además, indicó que los países que atraen inversión externa no tienen mano de obra barata muy contrario en los últimos años se están moviendo buscar jurisdicciones que faciliten el establecimiento y que no les impongan requisitos innecesarios y que se les ofrezca servicios eficientes.
De otra parte, Sergio Marxuach también abundó que en lo “ilógico” del Plan Fiscal que propone la Junta, “el gasto relacionado con la recuperación del huracán María aumentará la actividad económica temporalmente; ese repunte (proyectado) en ella economía es el momento adecuado para implementar un plan de austeridad fiscal, que tendrá un impacto negativo modesto en la economía (según la Junta) y ocurrentemente implementar una serie de reformas estructurales que servirán de zapata para el crecimiento a largo plazo una vez termine la reconstrucción y el impacto negativo de la autoridad fiscal haya sido asimilado por la economía”, detalla su ponencia escrita.
“El Plan Fiscal, está anclado firmemente en una teoría de ajuste macroeconómico. La Junta debería ser intelectualmente honesta para admitir que el documento que ha certificado es más un manifiesto ideológico que un plan de recuperación fiscal”, añadió.
En la audiencia participaron la senadora por Acumulación Zoé Laboy, el senador por el Distrito de Arecibo Ángel Martínez, el senador por el Distrito de Humacao Miguel Laureano, los senadores por el Partido Popular Democrático José Nadal Power y Eduardo Bhatia y el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño Juan Dalmau estuvieron presentes.
