Periódico El Sol de Puerto Rico
Por Agustín Muñoz Santiago
Ponce, PR – Tal parece que la “cobardía” entre los empleados civiles de la Policía de Puerto Rico (PPR) ha sido el obstáculo para alcanzar beneficios económicos comprometidos por el gobierno de la isla y que datan del 2004. En total, el compromiso por ley suma unos $28 millones en deuda acumulada.
La ley 168 del 12 de Julio de 2004, autorizó un aumento de sueldo de ciento cincuenta (150) dólares mensuales a empleados públicos del Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Luego en 2008, con la firma de un acuerdo con la organización Empleados Civiles Organizados (ECO), los trabajadores civiles de la Policía recibirían un incremento de $100 mensuales ese año, otros $100 en 2009 y $125 en 2010. Asimismo, esa entidad concretó acuerdos similares en 2013 y 2016.
Sin embargo, a la fecha y luego de múltiples promesas, los casi 700 civiles de la PPR aún aguardan por el beneficio que les concedió la Ley 168. Peor aún, la dirección de la unidad laboral que representa a la mayoría, ECO, se mantiene pasiva ante ese requerimiento de sus asociados. De hecho, ese gremio no reúne a su matrícula desde 2016 en violación al reglamento que exige que los mandatos de su junta directiva se renuevan cada tres años. El exagente Jorge L. Méndez Cotto asumió la presidencia en marzo de 2008.
Ayra Cruz, adscrita a la región policial de Arecibo, explicó a este medio que, en sustitución del liderato de ECO, un grupo de compañeros de la regiones policiales se han reunido para exigir que se les cumpla el alcance de la Ley 168. Abundó que intentarán acciones para validar el reglamento y que se sustituya a Méndez Cotto y a la Junta de Directores. Mantuvo que ECO se ha convertido en una organización “patronal”. Indicó que ya presentaron una querella ante la Comisión Apelativa del Servicio Público por violación a la Carta de Derechos de los unionados.
Cruz recordó que en 2018 la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó la cantidad de $360 millones para satisfacer deudas contraídas con los policías uniformados hasta el año fiscal 2021. “En ese pago, nosotros los empleados civiles, el personal clasificado, estuvimos incluidos y no se nos pagó”, dijo la mujer. Agregó que luego en una reunión con el Comisionado de la PPR, coronel Antonio López Figueroa, la justificación que les compartió el oficial fue que “hasta que no se les pague a los policías, a nosotros no se nos puede pagar”.
“Entonces, a nosotros nunca nos pagarán porque siempre a los policías se les debe”, protestó Cruz.
Se le preguntó, si están dispuestos a irse de brazos caídos, como ocurrió con los agentes uniformados. Respondió que estarían dispuestos a realizar ese movimiento, pero insistió en que muchos de los empleados civiles “tienen miedo” a que se les reemplace o se les traslade. “Sí, es cobardía”, contestó sin dilación. También dijo que no han buscado el respaldo de otros grupos de empleados públicos “porque somos nuevos en esto”.
En la PPR existen plazas para civiles que son ocupadas por agentes uniformados cuya función debe ser prestar servicios de seguridad fuera de los cuarteles. “Nosotros tenemos a miembros de la fuerza trabajando en oficinas donde cobran $4 mil y con beneficios”, dijo Cruz y alegó que solo en el Cuartel General en Hato Rey existen alrededor de 2,000 plazas de civiles ocupadas por uniformados “haciendo labores nuestras”. “Nosotros, el personal civil, somos discriminados. No valoran la labor que realizamos”, señaló Cruz.
