Periódico El Sol de Puerto Rico / Por Agustín Muñoz
Ponce, PR (29 de febrero 2024) – La realidad actual en muchas de nuestras comunidades es observar a ancianos solos, limitados de atención a sus necesidades y faltos de cuidados adecuados. Los registros oficiales aseguran que esas situaciones han aumentado dramáticamente.
Tanto es así que el Departamento de la Familia (DF) divulgó recientemente que solo en el presente año fiscal (desde julio 1 de 2023), casi 500 adultos mayores de 60 años han sido desatendidos por familiares y dejados solos en hospitales del país.
Por otra parte, la carga económica y cupo en los centros de cuidado prolongado cada día se torna cuesta arriba, según se desprende de informes sobre este tema. Ante esa realidad, la representante Estrella Martínez Soto (PPD), miembro de la Comisión De Bienestar Social, Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores, ha propuesto un proyecto legislativo (PC 1868) que busca designar como servicio esencial el cuido prolongado institucionalizado para adultos y adultos mayores con diversidad funcional física o mental.
De convertirse en ley, permitiría “la tramitación de pago por servicios para ciudadanos que cuenten con subvención de programas gubernamentales, exenciones e incentivos gubernamentales, en declaraciones de estado de emergencias por el Gobierno de Puerto Rico”.
Martínez Soto dijo que su medida fue aprobada en la Cámara en octubre pasado y referida al Senado donde aún no se ha atendido. Una mirada a la página del Senado revela que el proyecto permanece ante la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez de ese cuerpo legislativo, desde el 30 de octubre pasado.
La representante dijo que el DF tiene ante su custodia casi 7 mil ancianos repartidos entre las diferentes instituciones y residencias dedicadas a bridar servicios a los adultos mayores. Indicó que esa cifra supera tres veces la cantidad de niños que el DF mantiene bajo su protección.
Destacó que, según datos de los centros geriátricos, el costo promedio para la atención de un interno alcanza casi $2 mil, mientras el DF paga $1,300. Supo que el gobierno analiza subir ese subsidio hasta $1,600. “¿Si esta gente cierra sus centros, a dónde el gobierno va a cuidar a los adultos mayores? Es un problema, una crisis y una emergencia que estamos viviendo”, resaltó a este medio.
Por eso, también informó que trabaja en otro proyecto de ley que recomendará que el gobierno le sufrague a un familiar por el cuido de un pariente anciano con problemas de salud. Mencionó que muchos familiares dejan de trabajar por cuidar a un familiar y eso provoca inestabilidad en su economía personal. Recordó que el programa federal de amas de llave no permite la contratación de un familiar para que cuide a un pariente cercano.
“Si buscamos fondos para poder pagar un centro de cuido, por qué no incentivamos a la familia. Tenemos que buscar alternativas (porque algunos familiares) los están abandonando”, subrayó Martínez Soto.
Puerto Rico experimenta una realidad demográfica en la que el crecimiento acelerado en el segmento de edad 60 años y más es un hecho evidenciado en la pasada década. En el proyecto 1868 se expone la necesidad de “trabajar con la transformación en la estructura de servicios, configurando una política pública adecuada que se perfile como la base de una nueva visión de cuidado prolongado en nuestro país”.
“Por eso, resulta imperante trabajar en el fortalecimiento y desarrollo de la industria de cuidado prolongado, así como de la calidad en los servicios que se ofrecen”, se lee en esa legislación.
Entre el censo de 2010 y el 2020, la mediana de edad de la población total en Puerto Rico aumentó en alrededor de ocho (8) años, pasando de 36.9 (2010) a 45.2 (2020) en la década. Muestra que en la isla el por ciento de hogares que tienen una o más personas de 65 años o mayor, acrecentó de 35.1 por ciento a 40.6 por ciento, revelando un cambio estadísticamente significativo.
Datos divulgados por el DF apuntan que entre el 2021 y el 2022 esa agencia recibió alrededor de 12 mil quejas por maltrato y delitos contra adultos mayores. Las agresiones incluyen humillaciones y apropiaciones de dinero por parte de familiares cercanos. En el año fiscal 2022-2023 la estadística reflejó un incremento de 2 mil casos adicionales o sea 14 mil querellas.
