Endosan medida cameral que permitiría a adultos poseer hasta 28 gramos de marihuana para uso personal

Inter News Service

San Juan, PR / 28 de marzo de 2022 – El sargento Terry Blevins, exsheriff de Gilas County en el estado de Arizona, y con experiencia tanto en el Departamento de la Defensa de Estados Unidos como en la sección de narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, apoyó una medida de la Cámara que permitiría a adultos poseer hasta 28 gramos de marihuana para uso personal.

El expolicía depuso ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara con relación al proyecto 1191, que permitiría a las personas mayores de 21 años la posesión de 28 gramos de cannabis, ocho gramos de THC en productos concentrados o 800 miligramos de THC en productos comestibles.

Blevin, quien representa a la entidad Law Enforcement Action Partnership, organización sin fines de lucro cuyos miembros son policías, fiscales, jueces, miembros del Justicia y otros profesionales de seguridad pública que comparten sus experiencias de primera mano, señaló que “en los estados donde se ha implementado un sistema donde la marihuana es legal y controlada, los mercados ilegales son menos convenientes, deseables, y rentables”. 

Añadió que, “estos estados han logrado parar el incremento en las tasas de consumo juvenil y en algunos casos, han visto una disminución del consumo juvenil después de la legalización. Aún más importante, la legalización de marihuana es un rechazo a las ventas ilegales y al tráfico de drogas y las consecuencias que acompañan estas actividades. Los dispensarios de marihuana legal reemplazan al mercado ilegal. Las pandillas pierden control y recursos que necesitan para financiar sus actividades criminales”.

Para el deponente, la regulación del mercado puede reducir el crimen, desfinanciar empresas criminales que venden marihuana, e impedir a los jóvenes que quieren comprar marihuana. 

“Muchos miembros de nuestras comunidades han estado diciendo por décadas que las leyes de marihuana no funcionan. También han manifestado protestas por las detenciones que han creado generaciones de jóvenes que piensan que los policías somos sus enemigos. Aprobar esta ley (proyecto 1191) no solo protegerá a los que consumen marihuana, también fortalecerá comunidades donde la población depende de la policía”. 

Aseguró que “la estrategia de seguridad pública más inteligente es legalizar la marihuana para uso adulto de manera responsable y equitativa. No podemos restaurar la confianza pública en la policía mientras continuemos castigando a nuestros vecinos y seres queridos por el uso de la marihuana”.

Por parte de la organización Puerto Rico Legal Marijuana, depusieron los abogados Goodwin Aldarondo Jiménez y Alexandra Rodríguez, CEO y directora de la División Legal, respectivamente, quienes señalaron que el proyecto incluye enmiendas a la ley que atiende la marihuana de uso medicinal que, según ellos, son “innecesarias”, pues obstaculizarían el desarrollo de la industria y buen funcionamiento del programa de cannabis medicinal. 

Expusieron que no debe existir dualidad de dispensarios medicinales y de uso adulto: “Todos los dispensarios deben poder servir a ambos mercados. Para que un dispensario pueda servir al mercado adulto, este tiene que ser uno medicinal. Esto evitaría ventajas o desventajas entre uno los dos tipos de dispensarios y facilitaría la fiscalización y el cumplimiento dentro de la industria. Ambos modelos deben estar dentro de una misma licencia y dentro de un mismo arancel. Ya la industria medicinal ha demostrado su funcionamiento por lo que el modelo de uso adulto debe moldearse y regirse bajo los mismos parámetros de los actuales dispensarios medicinales”.

Para Puerto Rico Legal Marijuana, no es necesario crear un modelo nuevo, distinto o separado del existente. 

En la audiencia pública participó además la abogada Shadiff Repullo Casiano, quien preside la Fundación Free Juana. 

“Con el proyecto de la Cámara 1191 no estamos frente a un debate sobre los atributos positivos o negativos del cannabis, estamos solo cuestionándonos si sirve a algún fin social legítimo el meter presas a las personas por la mera posesión de cannabis”, afirmó. 

Parte de la ponencia de la licenciada se concentró en formular preguntas a la audiencia.

“Aún encontrando un fin social válido hay que analizar: ¿se ha logrado alcanzar el mismo hasta ahora con la prohibición?, ¿Cuanto tiempo llevamos haciendo lo mismo?, ¿Por cuanto tiempo más le vamos a tener tanto miedo al cambio?, ¿Cuantas personas han muerto y cuantas más deben morir por nuestras decisiones?, ¿A cuantos más vamos arrestar y dañarles la vida sin estos haberle hecho daño a nadie? Estamos ante un crimen sin víctima y ante una ley totalmente fútil. ¿Cuándo vamos a cuestionarnos si los modelos y prácticas actuales acerca de las drogas han reducido el crimen, la violencia o las cifras de adictos en nuestro país?” cuestionó.