El puerto de Ponce no puede con la carga
Por Agustin Muñoz / El Sol de Puerto Rico
3 de septiembre de 2021 – El Puerto de Ponce es un trampolín sin movimiento que se ha tragado millones de dólares públicos sin el resorte que le ayude a impulsarse y poder cumplir con el objetivo para el que fue concebido.
Desde el inicio de su concepción durante la administración del gobernador Pedro Rosselló González la carga político partidista ha sido tan pesada que ha impedido que arranque, según fue ideado. Lamentablemente el grupo rector que dirigiría ese “barco hasta su puerto” ha trabajado con el freno puesto de la bandera azul o roja, de acuerdo con el gobernante de turno.
La nueva tanda de reclamos le toca ahora al alcalde, Luis M. Irizarry Pabón, quien como los anteriores, manifiesta que el terminal Rafael Cordero Santiago es una opción portuaria viable y real para el país. En una presentación reciente ante la Comisión de Gobierno del Senado “exigió la unión de propósitos para establecer propuestas y acciones concretas que finiquiten el problema en la importación y exportación de bienes y productos”. Dijo que el puerto sureño es la alternativa para “diversificar las rutas marítimas” al recibir carga y convertirse también en centro de distribución.
Sin embargo, frente a esos “deseos” se encuentra la gran muralla de los grandes intereses empresariales y sindicales quienes en el pasado demostraron que están por encima “de todo y de todos”. Ocurrió en 2007 cuando el entonces director de la Autoridad de Puertos y secretario de Estado, Fernando Bonilla, anunció desde Ponce que a finales de ese año la mercancía “que al presente se recibe por varios muelles de Puerta de Tierra llegará a través del Puerto de Ponce” ya que la tarifa por entrar carga en el sur sería más económica. Destacó con seguridad que “sólo los muelles 12, 13 y 14 de Puerta de Tierra ya no recibirían carga a raíz de la mudanza al sur”.
El doctor Francisco “Ico” Zayas Seijo, entonces alcalde de Ponce en el 2007, recordó aquel momento y la discusión que protagonizó con Bonilla cuando horas después ese funcionario se retractó de su anuncio. “En San Juan le dijeron que no”, dijo Zayas Seijo al referirse a las compañías marítimas y a altos funcionarios de la propia Autoridad de Puertos.
El exalcalde señaló que de haberse materializado el anuncio de Bonilla el puerto de Ponce hubiese recibido un gran empuje ya que muchos empresarios estaban dispuestos a mover carga ligera desde el terminal local.
Fuentes vinculadas a la industria marítima aseguran que la verdadera razón para que el puerto ponceño esté fuera del alcance para mover carga es la Asociación internacional de Estibadores (ILA en inglés), uno de los grupos sindicales más poderosos de Estados Unidos. Se ejemplarizó con la reciente huelga en los muelles de San Juan. “Ningún naviero va a ir a Ponce a descargar si con eso rompe negociaciones. Si lo hace, se le impedirá descargar en otros importantes puertos de Estados Unidos”, mencionó.
Agregó que, aunque las grúas de Ponce estuvieran en buenas condiciones, tampoco el puerto podía recibir carga sin los estibadores u operadores ya que la unión local está afiliada a la ILA “y no podía desmontar ni un saco de papas”.
La fuente explicó que a la fecha al puerto de Ponce no ha llegado carga que amerite el uso de las vetustas grúas cuyo costo supera los $25 millones. Además, afirmó que el inversionista que interese administrar y operar el Puerto Las Américas debe contar con un capital de al menos $100 millones.
En 2018, ese terminal fue utilizado para recibir ochenta contenedores de la compañía Crowley con equipo y suministros que fueron empleados en la rehabilitación del sistema eléctrico de la isla. En aquella ocasión, la alcaldesa María Meléndez Altieri dijo que la llegada del carguero era el “comienzo del restablecimiento del total de las operaciones en el Puerto de Ponce”.
Un informe de auditoría de la Oficina de la Contralora en 2018 reveló que “se desembolsaron $269 millones en el proyecto del Puerto de Ponce, que no han tenido utilidad, ni han redundado en beneficio del interés público”. Recoge que el Puerto no es utilizado como puerto de transbordo ni como puerto de tercera generación. Denunció que mientras se construía el puerto local, del 2000 hasta el 2015, otras instalaciones portuarias de transbordo se habían desarrollado en mejores condiciones competitivas en República Dominicana, Jamaica, Bahamas y Panamá.
