Redacción El Sol de Puerto Rico
El Capitolio / 24 de abril de 2023 – El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) presentó hoy, lunes, oposición a la aprobación del Proyecto de la Cámara (PC) 1562, que derogaría la Ley Núm. 16 del 5 de agosto de 1975, conocida como la “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, según enmendada, pues entienden que el contenido de la medida no sería suficiente para cumplir con las exigencias federales de la “Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
En vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales, presidida por el representante Domingo J. Torres García, la representante del DTRH, Naomi Álamo señaló que la jurisprudencia actual necesita únicamente enmiendas para cumplir con los requisitos federales.
“Coincidimos en que es imperativo enmendar la Ley Núm. 16 en cuanto a las penalidades. No obstante, debido a la naturaleza variable de las multas basadas en la inflación, la enmienda que propone este proyecto de ley no sería suficiente para cumplir con las exigencias de OSHA, ya que requeriría que cada año se tenga que enmendar la ley para estar acuerdo con el ajuste federal”, añadió Álamo, quien representó al secretario del DTRH, Gabriel Maldonado González.
Álamo estableció que las penalidades civiles establecidas por la Ley Núm. 16 son sustancialmente menores a las requeridas a nivel federal, “por tal razón nuestro programa estatal incumple actualmente con las directrices de OSHA. Ante lo cual, PR OSHA (que funciona como división encargada de la seguridad ocupacional en el DTRH), se arriesga a la revocación de su plan estatal, lo cual conllevará que OSHA asuma jurisdicción sobre la mayoría de los lugares de trabajo en Puerto Rico”.
Por su parte, el DTRH sugirió enmiendas a la Sección 25 de la Ley Núm.16. “El lenguaje que sugerimos reconoce la naturaleza cambiante de las multas dispuestas a nivel federal y asegura que nuestro plan estatal esté en cumplimiento, por lo cual no se verían afectados los fondos federales que se reciben para administrar PR OSHA”, indicó.
Al mismo tiempo, Álamo comentó que el PC 1562 añadiría un nuevo requisito al Gobierno de Puerto Rico a través de su artículo 3, que requerirá a las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipalidades del Gobierno tener una persona para atender los asuntos de seguridad y salud ocupacional.
“Entendemos que esto es un requisito oneroso que tendría un impactó directo sobre las agencias y municipios, y no se ajusta a la realidad de las operaciones y tamaños de los entes que componen el Gobierno de Puerto Rico. Reiteramos que los empleados tienen una protección de índole constitucional contra riesgos para su salud e integridad personal, por lo cual los patronos ya están llamados a proteger a su personal y a cumplir con los requisitos de la Ley Núm. 16”, recalcó la funcionaria.
Por otro lado, Álamo destacó que el artículo 27 del proyecto en consideración pudiera presentar un conflicto de intereses.
El PC 1562 faculta al secretario para usar fondos asignados estatales o federales, incluyendo el dinero por recaudo de las multas emitidas por esta Ley, para aumentos salariales cada dos años para el personas de [PR OSHA], conforme a la reglamentación aplicable y la respectiva evaluación de desempeño.
“Destinar el dinero recaudado por multas para aumentos de salarios podría presentar un conflicto de intereses ya que parecería que la misión de PR OSHA pasaría a ser buscar penalidades para incrementar los salarios del personal. La misión principal de PR OSHA es proteger y salvar vidas, no es multar”, indicó.
Álamo también estuvo acompañada de la secretaria auxiliar de PR OSHA, Judith Cruz y personal de la división del DTRH.
Cruz explicó que a nivel federal, el dinero que recauda OSHA va directamente al fondo general. Sin embargo en Puerto Rico “desde el 2002, la última vez que se enmendó la Ley Núm. 16 se creó un fondo especial con la intención de que el dinero recaudado por las multas impuestas por OSHA fueran utilizados para educación en términos de salud y seguridad ocupacional”.
“Pero ese fondo, actualmente, es un fondo que tiene unas cualificaciones y componentes particulares nombrados por el gobernador de turno y otros que son dados…que deben reunirse y ponerse de acuerdo para liberar esos fondos”, indicó la secretaria auxiliar.
Por su parte, el representante Torres García cuestionó sobre el balance actual de ese fondo. Cruz sostuvo que el mismo asciende a 11 millones de dólares. “Desde el 2002 que se enmendó la ley del fondo no se ha podido utilizar”, explicó.
“Tener fondos congelados por la burocracia dentro de la situación fiscal que enfrenta al país es inaceptable. Voy a solicitar que para el próximo 1 de mayo, el secretario del Trabajo informe a esta Comisión para qué estará utilizando esos 11 millones”.
