Inter News Service
San Juan, 1 diciembre de 2022.– La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del municipio de Canóvanas, luego de detectar que no se informó de una contratación a la legislatura municipal.
El informe de un hallazgo revela que el municipio formalizó un contrato y cinco enmiendas por 1,795,773 dólares con una corporación con fines de lucro para la administración del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) que no se remitió a la evaluación y aprobación de la legislatura municipal.
Aunque el contrato con vigencia del 2017 al 2019, se identificaba como uno de servicios profesionales, sus actividades correspondían a la administración de instalaciones que brindan servicios públicos.
La ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, dispone que este tipo de contratación requiere la aprobación previa de la legislatura municipal. La Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico, aprobada posteriormente al hallazgo y que derogó la Ley 81, mantiene el mismo requisito.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El primer informe de Canóvanas cubre el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de septiembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr .
