Contralora e Inspectora General sellan acuerdo histórico para reforzar la fiscalización y la transparencia
𝐴𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑢́𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜́𝑛 𝑔𝑢𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
San Juan, PR (15 de diciembre de 2025) – En un paso catalogado como histórico para la supervisión gubernamental en la Isla, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y la Oficina del Inspector General (OIG) firmaron hoy un acuerdo interagencial sin precedentes dirigido a fortalecer la integridad, la fiscalización y la sana administración pública.
El acuerdo fue suscrito por la nueva contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, y la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera, quienes coincidieron en que la colaboración estratégica entre ambas entidades es clave para maximizar la transparencia, prevenir riesgos en el manejo de fondos públicos y elevar los estándares de cumplimiento en la gestión gubernamental.
Vega Fournier destacó que los retos actuales de la fiscalización requieren coordinación y visión moderna. A su juicio, la alianza permitirá una labor más efectiva y coherente entre las agencias fiscalizadoras. “Nos permite sumar capacidades, compartir conocimientos y fortalecer el ecosistema de controles gubernamentales para que Puerto Rico tenga una administración pública más transparente, más ética y responsable”, expresó la contralora, al subrayar que el proceso fiscalizador exige colaboración constante y sistemas ágiles.
Por su parte, la inspectora general Torres Rivera resaltó que el acuerdo consolida la colaboración como un pilar esencial del buen gobierno. “Unimos capacidades desde nuestras jurisdicciones particulares para fortalecer los controles internos, elevar los estándares de cumplimiento y garantizar que el Estado administre sus recursos con eficiencia. Mediante esta alianza, el Gobierno refuerza su capacidad de fiscalización, fomentando la confianza de la ciudadanía”, señaló.
Como parte del convenio, ambas oficinas establecerán mecanismos de intercambio seguro de información a través de plataformas tecnológicas protegidas, junto a protocolos estrictos de confidencialidad para salvaguardar documentos, informes y datos sensibles. Además, se contempla la provisión de asistencia técnica especializada en investigaciones, auditorías e intervenciones relacionadas con riesgos o posibles irregularidades en la gestión pública, siempre bajo medidas que garanticen la protección de expedientes y el cumplimiento legal.
El acuerdo también incorpora iniciativas conjuntas de educación y capacitación dirigidas a funcionarios, empleados públicos y a la ciudadanía en general. Entre estas se incluyen adiestramientos, guías, cartas circulares y materiales educativos enfocados en fortalecer la cultura de cumplimiento, el uso adecuado de los recursos gubernamentales y las mejores prácticas de administración pública. Asimismo, se establece la colaboración en la evaluación de planes de acción correctiva y la emisión de referidos cuando se identifiquen incumplimientos que requieran intervención interagencial.
Al concluir, la contralora Vega Fournier enfatizó que “…el acuerdo no solo formaliza una relación de trabajo colaborativo ya existente, sino que la eleva a un nuevo nivel de integración, responsabilidad compartida y eficiencia fiscalizadora. Nos reafirmamos en nuestra disposición a continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan la confianza del pueblo en sus instituciones y consoliden un enfoque moderno y colaborativo de supervisión pública en Puerto Rico.”
