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San Juan, PR / 29 de septiembre de 2021 – Liz Ann Banchs, propietaria y presidenta de la farmacia Gabriela, fue acusada y se declaró culpable de participar en un delito grave de conspiración para convertir propiedad del gobierno y cometer fraude a la atención médica en relación con el vacunación ilegal de menores de siete a 11 años con la vacuna Pfizer-BioNTech contra el Covid-19.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal W. Stephen Muldrow, quien explicó que desde aproximadamente el 28 de mayo hasta el 22 de junio de 2021, Banchs y los empleados de la farmacia en Juana Díaz conspiraron para administrar consciente y deliberadamente la vacuna Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 a niños de 11 años o menos y presentar los reclamos correspondientes de Medicaid al MC-21.
A un total de 24 niños de entre siete y 11 años se les administró la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19, en dosis completa, sin autoridad legal como parte de la conspiración.
El programa de vacunación contra el Covid-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) exigía que las farmacias elegibles, como farmacia Gabriela, cumplieran con todos los requisitos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, siglas en inglés), incluida la autorización de uso de emergencia que permitió la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 a niños de 12 años o más.
El CDC aún no ha aprobado la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 a niños menores de 11 años.
Como resultado, la administración de la vacuna a niños de siete a 11 años representa una administración no autorizada e ilegal de la vacuna.
Los lotes de vacunas Pfizer-BioNTech eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos y se usaron sin la autorización de los Estados Unidos.
La actividad ilícita de Banchs fue rápidamente identificada por el Departamento de Salud de Puerto Rico y posteriormente se suspendió el programa de vacunación contra el Covid-19 en la farmacia Gabriela.
Hasta la fecha, no se han identificado afecciones médicas graves como resultado del programa de vacunación ilegal y todos los fondos recibidos para las correspondientes facturas de Medicaid se han devuelto voluntariamente a los Estados Unidos.
Junto con la declaración de culpabilidad, Banchs ha aceptado voluntariamente ser excluido como proveedor de Medicare, Medicaid y todos los programas federales de atención médica por un período de cinco años.
Banchs enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de hasta 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada.
Relacionado al caso, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico (CFPR) informó que Liz Ann Bachns, no es farmacéutica.
La profesión de farmacia en la Isla “es una altamente regulada y los farmacéuticos que ejercen deben estar colegiados y cumplir con el Código de Ética, Ley de Farmacia (247 de 3 de septiembre de 2004), así como todas las leyes y reglamentos que aplican a esta profesión”, dijo Idalia Bonilla, presidenta del CFPR. .
Instó “a todos los compañeros colegiados a ejercer la profesión con los más altos estándares de calidad en beneficio de la salud del paciente”.
De acuerdo con la profesional, “el farmacéutico desde comienzos de la pandemia se ha mantenido sirviendo a la comunidad, confirmando su compromiso en ser un recurso primordial para mantener a una población saludable. Nuestros farmacéuticos inmunizadores, certificados para administrar vacunas, han dado la milla extra contra la pandemia del Covid-19 inmunizando a miles de ciudadanos. Nuestro norte siempre será mantener un mejor servicio farmacéutico y mejorar la salud del pueblo”.
Agregó que “es lamentable la situación surgida en una de las farmacias que brindan servicio a la comunidad en el municipio de Juana Díaz. El CFPR apoya la labor fiscalizadora de las agencias estatales y federales e instamos a todos los miembros a cumplirlas”.
