Por Agustin Muñoz / El Sol de Puerto Rico
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, aseguró que un evento reciente en la planta de la Central Aguirre corrobora las denuncias de un grupo de trabajadores de la termoeléctrica Costa Sur de Guayanilla, reveladas por El Sol de Puerto Rico.
Expuso que la quema de un motor de un abanico inducido en Central Aguirre y el alegado traslado de uno similar de las unidades de la planta de Guayanilla “quiere decir que se puede trabajar en la planta de Costa Sur”. Ese planteamiento fue compartido antes por un grupo de empleados de Costa Sur durante un diálogo con este medio.
Los empleados entrevistados contradijeron a la alta dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al insistir “que no se justifica cerrar una central generatriz cuando no hay daños mayores” debido al terremoto del 7 de enero. Asumen que en menos de tres meses se puede normalizar el funcionamiento de Costa Sur.
Figueroa Jaramillo acusó a los directivos de la AEE de mentirle al país cuando aseveraron falsamente que el cierre de la generadora fue por recomendación de organismos reguladores. “De entrada demostraron (AEE) que había planes detrás de esto. Son 1,200 millones de razones”, destacó.
Abundó que las plantas portátiles que pretende instalar la AEE para alcanzar los 500 megavatios necesarios, además del alquiler y la compra de combustible, “puede superar los $1,200 millones”. Recordó que tras el paso del huracán María en la planta de Palo Seco se instalaron tres unidades portátiles de 25 megavatios cada una por las que en solo siete meses FEMA y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos pagaron $200 millones. “Eso fueron 75 megavatios, imagínate cuánto gastarían en 500 megavatios. Esas son las razones”, reiteró Figueroa Jaramillo.
El líder de la UTIER aseguró que la alta gerencia de la AEE busca profundizar la crisis energética en el país para que la ciudadanía justifique la construcción de plantas nuevas que no se ameritan. Dijo que las plantas generadoras actualmente en funciones no están obsoletas, sino que son renovables y mejoradas con la tecnología desarrollada por los fabricantes.
Atribuyó al contratista y exvicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE, José Pérez Canabal, de dirigir el desmantelamiento del proceso de renovación de las unidades generatrices y en el que están inmersos grupos de interés económicos. “Nadie tiene explicación de cómo un contratista que tiene una oficina en el octavo piso del edificio central (de la AEE) tiene el poder de determinar qué cosas se compran, qué cosas se sacan, como lo ha tenido Pérez Canabal”, denunció Figueroa Jaramillo.
De hecho, la semana pasada Figueroa Jaramillo publicó un “tweet” con una pregunta argumentativa sobre si el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, Pérez Canabal y Daniel Hernández, director de generación de AEE, “llevaron a (la empresa) APR Energy a evaluar áreas en Costa Sur”. “¿APR pone los equipos de alquiler, pero realmente quién los instala y quién lleva de la mano a APR y los presentó ante PREPA es RG Engineering y MEC Engineering? ¿MEC y RG Engineering serán del mismo dueño?”, escribió.
El dirigente de los unionados de la AEE respondió que aparentemente el ingeniero José Ortiz, director ejecutivo de la AEE, evade reunirse oficialmente con él. Mencionó que la última reunión entre ambos fue en octubre del 2018.
Por su parte, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad Energía Eléctrica (AJAEE), cuestionó por qué Ortiz no ha respondido a la petición para que se le permita al grupo, acompañado de periodistas, realizar una visita a Costa sur. “¿A qué le teme el Ing. José Ortiz?”, expuso.
El presidente de la UTIER ha pedido que los puertorriqueños deben reclamar la reapertura de la planta Costa Sur.
