Será la primera encomienda a la nueva Legislatura
Por Agustin Muñoz/El Sol de Puerto Rico
La Legislatura de Puerto Rico que gobernará el Capitolio a partir del 2021 tendrá una encomienda directa: atender los reclamos de los alcaldes. Y, los ejecutivos municipales, por su parte, batallarán para que esos reclamos se canalicen y se conviertan en ley.
Luis Javier Hernández Ortiz, próximo presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), precisó que como gestión inicial estará la defensa de la autonomía municipal y procurar que las primeras leyes, a partir de enero, se relacionen con modificar ciertas jerarquías que corresponden al gobierno central.
“Hay que procurar que dentro de los primeros proyectos de ley que se puedan trabajar en la Legislatura se incluya, de alguna manera, aquellas jerarquías que los municipios han realizado por mucho tiempo y se acompañen de los debidos ingresos gubernamentales”, anticipó el también alcalde del municipio de Villalba.
Recordó que lo anterior ha sido una queja que por años han planteado los alcaldes al realizar trabajos que corresponden al Ejecutivo sin recibir ninguna remuneración del gobierno central.
Expuso que tan pronto se constituya la nueva Legislatura la AAPR presentará borradores de legislación para ser evaluados entre las partes y advirtió a los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) que ese reclamo fue parte de su discurso durante la pasada campaña eleccionaria. Estableció que la descentralización que persigue la AAPR puede ayudar a acercar los servicios a la gente.
“El legislativo popular tiene la obligación de escuchar a los municipios y trabajar un proyecto de ley que se canalice en los primeros cien días de la administración y no esperar como siempre pasa”, subrayó Hernández Ortiz.
Uno de los asuntos que también estará vigente con el año nuevo será, según Hernández Ortiz, las condiciones pésimas de las carreteras estatales. La pretensión de los alcaldes es que el mantenimiento rutinario de las vías estatales se canalice a través de los municipios. “De hecho, muchos de nosotros lo estamos haciendo, pero el Estado no nos está pagando por ese servicio”, exclamó.
El funcionario igualmente mencionó que otras jerarquías que reclamarán son las relacionadas con la educación y el manejo de emergencias, entre muchas. “Lo que estamos buscando es un justo balance y que los municipios no sigan socavando sus arcas municipales”, expresó. Dijo que “son cientos de millones (de dólares) que los gobiernos municipales invierten en jerarquías que de ordinario corresponden al gobierno estatal”.
Mientras fijan su mirada en los legisladores, los alcaldes también irán tras “la buena voluntad” del gobierno de Pedro Pierluisi de cara a definir una “nueva ruta” de atención a sus demandas.
Por otro lado, en la lista de prioridades de la AAPR figura aligerar los proyectos de reconstrucción como consecuencia del huracán María y los terremotos. Aceptó que, aunque ha habido un avance en cuanto al cálculo del costo de los proyectos de restauración, el desembolso de los fondos ha sido lento. “De nada vale que FEMA anuncie con bombos y platillos la obligación de fondos si todavía no se tiene la certeza de cuándo ese dinero lo van a recibir los municipios para comenzar el proceso de subasta y construcción”, pronunció.
El nuevo líder de la AAPR puntualizó que enfatizará en la eliminación de “la capa de burocracia” que existe entre el gobierno federal y los gobiernos municipales de manera que el desembolso del dinero se agilice. Dijo que una de las alternativas propuestas es la creación de un fondo especial de emergencia que se convierta en una línea de crédito. Ese fondo recurrente ayudaría a que el gobierno adelante hasta un 50 por ciento del costo obligado de los proyectos y así proceder con las subastas de las obras.
Finalmente, Hernández Ortiz apuntó que durante su mandato como presidente de la AAPR combatirá y defenderá “a los municipios que están a la merced de la Junta de Supervisión Fiscal y al abuso de poder que han ejercido mediante la ley PROMESA”. “Los gobiernos municipales no son los culpables de la crisis por la cual vino la ley PROMESA. Vino porque el gobierno de Puerto Rico dejó de pagar a los bonistas, mientras los gobiernos municipales nunca dejamos de pagarle a los bonistas”, aclaró.
