Adultos mayores vuelven a ser blanco del fraude: dos casos dejan pérdidas y cientos de transacciones bajo investigación
Por La Redacción
El Sol de PR
(2 de septiembre de 2026) – Dos investigaciones separadas culminaron con la radicación de cargos contra un contratista y una mujer señalados por presuntamente aprovecharse de adultos mayores en Ponce y Cidra. Uno de los casos involucra el pago de $69,500 por una obra de construcción que alegadamente no se cumplió, mientras que el otro incluye 319 transacciones bancarias que una mujer de 94 años asegura nunca haber autorizado.
En el primer caso, agentes de la División de Propiedad y Fraude (REPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce investigaron una querella que terminó con cargos contra Juan Manuel Nieves, de 38 años y residente de Río Grande.
Contra Nieves se radicaron cargos por fraude en la ejecución de obras y maltrato a persona de edad avanzada, según los artículos 204 y 127-A del Código Penal de Puerto Rico.
De acuerdo con la investigación de la Policía, entre mayo y septiembre de 2025 el querellante contrató al imputado para realizar una obra de construcción por fases. Como parte del acuerdo, presuntamente le entregó dos cheques que sumaban $69,500, pero Nieves alegadamente incumplió con el trabajo contratado.
El agente Francisco Román Mercado consultó el caso con la fiscal Limarie Cobián Lugo, quien instruyó la radicación de los cargos.
La prueba fue presentada ante la jueza Ginny Vélez Carreras, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa probable y fijó una fianza de $6,000, la cual fue prestada. La vista preliminar quedó señalada para el 15 de septiembre de 2026.
Mientras tanto, otro caso investigado por agentes de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas terminó con cargos contra Mariela Collazo Rodríguez, de 47 años y residente de Cidra.
Collazo Rodríguez enfrenta cargos por maltrato a persona de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, fraude, apropiación ilegal de identidad y utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito o débito.
Según la investigación realizada por el agente José Rivera Hernández, la imputada presuntamente utilizó información bancaria perteneciente a su vecina de 94 años para efectuar cientos de transacciones sin autorización entre mayo y agosto de 2025.
La Policía indicó que fueron identificadas 319 transacciones que la perjudicada aseguró no haber realizado ni autorizado.
Las irregularidades salieron a relucir luego de que la mujer solicitara al Banco Popular de Puerto Rico copias de sus estados bancarios debido a que varios de ellos no habían llegado. Durante el proceso se identificaron numerosas transacciones sospechosas y la situación fue notificada a las autoridades.
Según la pesquisa, la perjudicada manifestó que Collazo Rodríguez era la única persona que tenía acceso a información relacionada con su cuenta bancaria y tarjeta de débito.
La investigación sostiene que la imputada presuntamente obtuvo acceso al número secreto de la tarjeta y posteriormente utilizó la información para realizar retiros de efectivo, compras y pagos en diferentes establecimientos.
El caso fue consultado con fiscales de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, quienes instruyeron la radicación de los cargos.
La prueba fue presentada ante la jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Caguas, quien encontró causa en todos los delitos imputados y fijó una fianza global de $321,000. La fianza fue prestada mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).
La vista preliminar contra Collazo Rodríguez quedó pautada para el 10 de septiembre de 2026.
Ambos casos vuelven a poner sobre la mesa una preocupación constante: los adultos mayores continúan figurando entre las víctimas de esquemas en los que el acceso a su dinero, información personal o confianza puede terminar en pérdidas económicas significativas.
