Rivera Schatz defiende la fiscalización legislativa ante críticas de la gobernadora
Por Yasinia Rodríguez Sepúlveda / El Sol de PR
(24 de abril de 2026) – El presidente del Senado Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, defendió nuevamente el poder fiscalizador del cuerpo legislativo luego de que la gobernadora Jenniffer González lo señalara como un obstáculo para su gestión, en lo que representa el punto más reciente de una creciente tensión entre ambas ramas de gobierno.
Las expresiones del líder senatorial surgen tras declaraciones públicas de la mandataria, quien en marzo de 2026 aseguró que Rivera Schatz es su “principal agresor todos los días” y sugirió que sus acciones responden a intereses políticos vinculados a aspiraciones futuras. Más recientemente, lo catalogó como el “mayor obstáculo” de su cuatrienio.
Ante esto, Rivera Schatz respondió a través de sus redes sociales con su habitual mensaje de “Buenos días Puerto Rico”, donde no solo rechazó los señalamientos, sino que reivindicó la labor del Senado como parte de su deber constitucional.
“La Gobernadora tiene ‘algo’ de razón… ¡hemos obstaculizado!”, expresó, al detallar una lista de intervenciones legislativas que, según sostuvo, han evitado irregularidades dentro del gobierno. Entre ellas mencionó: “No permitimos:
1- Una evasora en el Departamento de Estado
2- Una persona mendaz y carpetera en Justicia
3- Privilegios personales y familiares en la Parguera
4- La locura de tablillas a tutiplen
5- El “chisme” de los centros de inspección que terminó en el OPFEI
6- Asesores convictos por corrupción
7- Privilegios de escoltas a convictos
8- Buscones como Domenech en el Gobierno
9- Ascensos para comprar silencio
10- ¡Una monarquía en una democracia!”
El presidente senatorial concluyó su mensaje afirmando: “Estamos en el Senado para servirle… ¡AL PUEBLO!”.
El trasfondo de este intercambio se remonta a múltiples controversias recientes que han colocado al Senado en una posición activa de fiscalización, incluyendo cuestionamientos sobre nombramientos, procesos administrativos, contratos gubernamentales y asuntos contributivos vinculados a agencias como el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
Rivera Schatz ha insistido en que estas acciones no responden a ataques políticos, sino al cumplimiento de su responsabilidad institucional. “Yo no lo veo como un choque. Podríamos decir que hay alguna fricción sin lugar a dudas, pero es parte de lo que nos toca hacer”, expresó previamente al referirse a la relación entre el Senado y La Fortaleza.
Ese planteamiento ha sido reforzado por una reciente determinación del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, que validó la autoridad del Senado para requerir información como parte de su función investigativa. El tribunal concluyó que este poder “se fundamenta en su amplio poder investigativo y que cualquier acción que reduzca ese poder afecta la doctrina de separación de poderes e impide la fiscalización necesaria sobre el manejo de fondos públicos”.
“El Tribunal confirmó lo que hemos sostenido desde el primer día. El Senado tiene la facultad constitucional para investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos. Esa responsabilidad no se negocia”, reiteró Rivera Schatz tras la decisión judicial.
Por su parte, el senador Ángel Toledo también defendió la actuación legislativa, destacando que la fiscalización forma parte esencial de su rol. “La realidad es que nosotros como senadores estamos haciendo el trabajo no solamente que nos delegó el pueblo de Puerto Rico, sino el trabajo que la Constitución nos confiere”, sostuvo.
Toledo añadió que el cumplimiento de este deber no debe interpretarse como confrontación. “Hacer mi trabajo no puede provocar conflicto. Es la razón por la cual el pueblo de Puerto Rico me colocó aquí”, afirmó.
El tribunal, además, subrayó que el Senado, como rama con igual jerarquía, posee un margen legítimo de acción que no debe ser limitado, y advirtió que impedir su acceso a información necesaria equivale a obstaculizar su función fiscalizadora.
Así, el más reciente intercambio entre el Ejecutivo y el Legislativo refleja no solo un choque político, sino un debate más amplio sobre los límites y alcances del poder fiscalizador en Puerto Rico, en un momento donde la supervisión gubernamental se mantiene en el centro de la discusión pública.
