Armas, derechos y responsabilidades: la otra cara del debate

Por Sarynés Torres / El Sol de PR

(31 de julio de 2025) – Desde su centro de adiestramiento “Punto Rojo”, Juan Carlos Richiez no solo enseña a disparar, sino que defiende con firmeza lo que considera un derecho humano esencial: portar un arma de fuego. Para este instructor certificado, el proceso para obtener una licencia en Puerto Rico sigue siendo exigente, aunque más justo que en el pasado.

“Antes de la Ley 168 de 2019, obtener una licencia era un proceso elitista, caro y sumamente restrictivo. Tenías que convencer al Estado de que temías por tu vida para poder protegerte. Eso violaba directamente la Constitución”, afirmó Richiez, señalando que la antigua Ley 404 trataba la portación de armas como un privilegio, no como un derecho.

Gracias a decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ese escenario ha cambiado. “La Segunda Enmienda garantiza el derecho del ciudadano a portar armas. Ese derecho es de primera categoría, tan vital como la libertad de expresión o la libertad personal”, subrayó.

Aunque algunos critican que hoy día sea más fácil obtener un arma, Richiez rechaza que el proceso sea permisivo. Explica que la Policía de Puerto Rico realiza un meticuloso chequeo de antecedentes, consultando múltiples bases de datos estatales y federales.

“Si tienes historial de abuso de sustancias, has sido dado de baja deshonrosa, o has tenido una orden de protección en los últimos 12 meses, no te dan la licencia”, detalló.

El trámite también implica un gasto considerable. Obtener la licencia puede costar más de $400, e incluye un curso básico de cuatro horas. Sin embargo, Richiez considera que este curso es insuficiente y recomienda añadir una segunda fase de adiestramiento más avanzado sobre portación y manejo de crisis. “La formación adecuada es esencial para que un arma no se convierta en un riesgo”, afirmó.

Puerto Rico cuenta hoy con más de 200,000 personas con licencias de armas, incluyendo 173,119 hombres, 43,721 mujeres y 10,767 menores con permisos especiales. Este último grupo, muchas veces ignorado en el debate público, cumple con criterios estrictos y funciones específicas.

“Los menores con licencias especiales no portan armas libremente por la calle. Son jóvenes adiestrados, usualmente involucrados en el tiro deportivo. Tienen que tener autorización legal de sus padres y pasar por un entrenamiento supervisado. Hasta ahora, no se ha reportado ni un solo incidente con estos jóvenes”, aseguró Richiez. “Eso demuestra que el adiestramiento y la supervisión funcionan”.

El tema del número de armas también ha generado controversia, especialmente tras conocerse que el enfermero acusado del asesinato de Roberto Viqueira poseía 11 armas legales.

Richiez considera injusto vincular la cantidad de armas con la violencia. “Limitar el número de armas sería limitar el derecho. Hay personas que las coleccionan, otras las usan para cacería o competencias deportivas. El problema no es cuántas tienes, sino cómo las usas”, argumentó.

Para él, el foco debe estar en la educación, no en la restricción. “Muchos de los crímenes con armas siguen siendo perpetrados con armas ilegales. Eso no va a cambiar por limitar las legales”, sentenció. Sobre posibles nuevas regulaciones para garantizar la seguridad pública, Richiez se mostró firme: “No se puede regular un derecho constitucional arbitrariamente. En California intentaron restringir la venta de municiones, y un tribunal anuló esa medida por inconstitucional. Es un precedente que no se puede ignorar”.

El instructor también ve un cambio positivo en el creciente número de mujeres solicitando licencias. “El 36% de los estudiantes en nuestro centro son mujeres. Muchas llegan después de vivir situaciones de violencia. Ya no quieren ser víctimas. Una mujer armada y entrenada se convierte en contrincante, y eso disuade”, dijo.

Para Richiez, más allá del arma, lo importante es el compromiso con la responsabilidad. “Portar un arma no es para cualquiera. Pero quien decide hacerlo con seriedad, con entrenamiento y conciencia, está ejerciendo un derecho legítimo. Y eso debe respetarse”.