Sindicatos insisten en que el bono debe ser para todos los empleados públicos
Inter News Service
San Juan, 28 de noviembre e de 2022 – Trabajadores de diversas corporaciones públicas reclamaron hoy al gobierno de Pedro Pierluisi que los incluya en el pago del bono a los empleados públicos producto de los recaudos adicionales a los proyectados.
Argumentaron que el gobernador afirmó que la justificación de la bonificación está en que “los empleados estuvieron por años sin recibir un alza salarial y vieron mermados sus beneficios laborales”, por lo que este reconocimiento aplica a todos los empleados públicos, “porque a todos nos aplicaron la Ley 66 de 2014, la Ley 3 de 2017 y la Ley 26 de 2017 que han mantenido congelada la negociación de cláusulas económicas y, en consecuencia, los aumentos salariales de todos”.
Las organizaciones que endosan la declaración son la Unión Independiente Auténtica (UIA), Prosol Utier, capítulo Autoridad de Carreteras, Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Unión Independiente Empleados de la Corporación de Fomento Industrial (Uiecfi), Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA (Hiepaaa), Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad de la UPR (UBOS), y la Unión de empleados de Cossec.
Agregan que “no hemos negociado aumentos salariales por ocho, 10 y 12 años. Dichas leyes no establecieron diferencias entre los empleados públicos. Por lo tanto, el bono debe otorgarse a todos los empleados públicos, sin exclusión ni discrimen”.
A su entender, las declaraciones públicas del gobernador establecen que esto es una estipulación entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno. Por lo tanto, no es responsabilidad exclusiva de la Junta. Exigimos al gobernador que enmiende su error de excluir a los empleados públicos que representamos y se tomen las medidas necesarias para otorgar el bono de 2,954 dólares a todos.
“Es un engaño afirmar que la mayoría de los empleados públicos que van a recibir este bono rechazaron una oferta de negociación con la Junta de Control Fiscal, porque la Junta no hizo oferta alguna de transacción (aunque con toda probabilidad la hubiésemos rechazado). Incluso en planes fiscales con algunas corporaciones públicas (AAA y Autoridad de Carreteras) no hubo negociación alguna con los sindicatos que representan a los trabajadores”, explicaron.
Añaden que “la verdad es que el Plan de Ajuste de Deuda aprobado establece los recortes a las pensiones del magisterio y la judicatura, recortes al presupuesto de la UPR, recortes a los fondos asignados a los municipios, aumentos en tarifas de servicios esenciales (energía eléctrica, agua, peajes), reducción a los beneficios marginales de los trabajadores, congelación de salarios, entre otras medidas de la ideología neoliberal de la Junta de Control Fiscal y el gobierno”-
“No dudamos que la inmensa mayoría del pueblo está en contra de estas medidas y del PAD. Sin embargo, la alianza entre el gobierno y la Junta ha utilizado este bono para proyectar que ese PAD es bueno y para penalizar a los que se oponen. Sin embargo, se otorga un bono menor (2,954) a los que se oponen al PAD y discriminan, con tecnicismos, a más de 12 mil empleados públicos, excluyéndolos del bono”, abundan los sindicalistas.
Y concluyen: “Condenamos que el gobernador y la Junta de Control Fiscal hayan excluido a más de 12 mil empleados públicos del bono que se otorgará. El patrono gobierno, representado por Pedro Pierluisi, se ha hecho cómplice del discrimen contra empleados públicos al avalar que se excluya a trabajadores gubernamentales que le brindan servicios esenciales al país. La negociación colectiva de cláusulas económicas que lleve a una permanente justicia salarial no puede ser sustituida por cualquier bono momentáneo. Sin embargo, si la determinación es otorgar un bono a los empleados públicos tiene que ser a todos los empleados públicos”.
