Nogales Molinelli pide al DDEC la lista con nombres de decretos de Ley 22 cancelados

Inter News Service

San Juan, 16 agosto de 2022.- La representante Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), reclamó hoy al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, que publique los nombres de los beneficiarios de Ley 22 cuyos decretos contributivos han sido cancelados.

A esos efectos, presentó la resolución de la Cámara 794, que le ordenaría a la Secretaría de la Cámara de Representantes que requiera al DDEC esa información.

La legisladora afirmó que se ha hecho imposible fiscalizar el cumplimiento de las condiciones para recibir los beneficios contributivos para individuos inversionistas debido al secreto con el que el DDEC maneja la información.

“Esta no es la primera vez que hacemos este tipo de requerimiento. Anteriormente, le solicité a Cidre mediante carta que indicara el estatus del decreto de Brock Pierce, quien públicamente se declaró residente de Vermont y, por tanto, no cualifica para recibir los privilegios de la Ley 22. Nunca respondió mi comunicación. Sólo se publicó posteriormente que más de 300 decretos fueron cancelados”, dijo la licenciada.

Agregó que “ahora nos dimos a la tarea de ver el historial de desastres financieros del supuesto hotelero Keith St. Clair en Puerto Rico, y nuevamente nos preguntamos: ¿qué más tienen que hacer estos individuos para que reconsideremos la concesión de esos privilegios?”.

Nogales Molinelli señaló que el caso de St. Clair brinda un ejemplo del riesgo que puede representar para el gobierno un individuo irresponsable, enaltecido por un decreto contributivo y una relación estrecha con el poder.

“Este señor llegó a Puerto Rico ofreciendo villas y castillas. Pero la realidad ha sido muy distinta. De los tres hoteles que, según él, iban a restaurar el turismo en Isla Verde, uno está en quiebra y los otros dos fueron ejecutados antes de siquiera construirse y ya aparecen con nuevos dueños. Uno de ellos, el antiguo hotel Empress, quedó abandonado y con los escombros de una terraza cayendo al mar”, apuntó.

Y añadió que “el resort en Vieques, en una propiedad que la Administración de Terrenos le alquiló por casi 70 años y que crearía cientos de empleos, no se desarrolló y ahora será un glamping. Con apenas siete años en Puerto Rico, St. Clair nos ha aportado millones de dólares en deuda personal y corporativa, el retraso de proyectos de desarrollo económico y mucho trabajo para las salas civiles de la Rama Judicial”.

La abogada añadió que hay otros beneficiarios de la Ley 22 que han exhibido conducta cuestionable, “sin que se conozca si ello ha provocado una revisión de sus decretos”.

“Hay más y, aunque son muy visibles, el DDEC parece hacerse de la vista larga. Desde Salil Zaveri, acusado de dispararle y matar a una perrita en un campo de golf, hasta Fahd Ghaffar, el individuo que se dice sirvió como enlace en el esquema de corrupción por el que se acusó a la exgobernadora”, afirmó la legisladora.

Y aseveró que “las violaciones no se han limitado a incumplir con las condiciones, sino que se han generado muchas formas de actividad ilícita y abusos de confianza en torno a los beneficiarios y potenciales beneficiarios de la Ley 22, que han quedado mayormente impunes y sin control. Puerto Rico no puede seguir sangrando dinero mientras un puñado de multimillonarios se burla de nuestras instituciones.