Policía en contra de legislación que propone despenalizar posesión de cannabis 
Periódico El Sol de Puerto Rico
San Juan, PR / 20 de abril de 2022 – En una vista pública de la Comisión de lo Jurídico, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos y el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Antonio López Figueroa, presentaron hoy una ponencia en contra del Proyecto de la Cámara 1191, que persigue permitir el uso controlado del cannabis para personas mayores de 21 años de edad.
El DSP y el NPPR resaltaron la necesidad de continuar reforzando la política pública existente contra el uso de drogas, que incluye el proceso criminal y programas con enfoque salubrista.
“Nos pronunciamos en contra de las enmiendas presentadas a la Ley 42 (Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación Normas Aplicables y Límite). Esto, por cuanto pretende legalizar el consumo del cannabis, sin recomendación médica, por una persona mayor de 21 años de edad. Tampoco estamos a favor de la enmienda que dispone que, la Junta Reglamentadora establecerá un límite de dispensación diario para uso adulto controlado el cual nunca será mayor de 28 gramos de cannabis o su equivalente de ocho gramos de THC en los productos concentras o su equivalente de 800 miligramos de THc en productos comestibles”, señaló en su ponencia la licenciada Estrella Vega en representación del DSP.
Vega destacó también que, a nivel operacional, al entrar en vigor el proyecto presentado por el representante Héctor Ferrer Santiago, cuando el agente intervenga con una persona por la posesión de cannabis, “ello conllevaría, que, al momento de la intervención, nuestros agentes cuenten con pesas para verificar si se trata de los 28 gramos o menos de cannabis. Además, de que la Policía necesitará contar con el personal certificado para ello y calibrar tales pesas”, argumentaron los jefes de seguridad Torres Ríos y López Figuera en el memorial explicativo.
“Para poder implantar esta legislación (PC1191), ello acarrearía la compra de balanzas en todas las áreas policíacas, la certificación de nuestros agentes a tales efectos lo que conlleva costos adicionales y reforzar o modificar los procedimientos de intervención. Desde luego, todo esto implicaría un costo adicional actualmente indeterminado, pero que de seguro aumentaría por mucho los gastos que tiene el presupuesto del NPPR en la lucha contra el crimen”, recalcó la licenciada Estrella Vega.
Por su parte, el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, cuestionó a las agencias sobre la efectividad de la política pública conocida como la “mano dura contra el crimen”, para atender el asunto de las drogas en Puerto Rico desde un enfoque punitivo y criminal. “Entendemos que la política actual del Departamento de Seguridad Pública cumple con la productividad de atender la mayoría de los delitos relacionados al narcotráfico”, mencionó el DSP.
Por otro lado, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos Otero, presentó su apoyo a la medida con enmiendas dirigidas a garantizar que toda dispensación y suministración de cannabis medicinal a pacientes pediátricos, debe ser delegada y realizada estrictamente por médicos pediatras.
“El proyecto contempla algunas medidas para impedir que menores de edad tengan acceso personal a cannabis despenalizado para adultos, pero no resuelve el acceso irrestricto que tienen los menores de edad al cannabis bajo la reglamentación del Cannabis Medicinal”, expresó el galeno.
“Por décadas, Puerto Rico ha seguido un modelo ético-jurídico o punitivo para atender el problema del consumo de drogas. Este modelo está centrado en la sustancia narcótica y enfatiza las medidas legales y penales dirigidas a los usuarios de drogas”, mencionó Ramos.
“La ley vigente busca que el usuario de drogas sea aislado del resto de la sociedad para castigarlo. Estas medidas implican que se destine un importante porcentaje de recursos públicos y privados a la penalización del usuario, no a su cura. La respuesta penal condiciona el contacto del usuario de drogas con las instituciones de salud, ya que representa la posibilidad de ser arrestado”, añadió.
Al mismo tiempo, el médico destacó que “tratar a una persona enferma como criminal y, por ende, dejarlo desprovisto de oportunidad de salud, siempre nos ha parecido una grave violación a los derechos humanos”, sentenció.
